El Gobierno de México está "obligado" a reformar y "acotar el poder militar" que ha llevado a la violación de los derechos humanos, como en el caso de las desapariciones forzadas en la década de los 70 en Atoyac de las Flores, Guerrero y las ocurridas a principios de esta década, planteó la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH).
La ONG denunció también presuntos abusos que se están cometiendo en el combate que el Ejército sostiene contra la delincuencia organizada.
"La sentencia está obligando a no mandar más a la justicia militar los casos de violaciones cometidas por elementos militares", aseguró Juan Carlos Gutiérrez, quien encabeza esa Comisión.
A unas horas de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitiera el fallo en contra de México por la violación de derechos humanos, por la desaparición de 122 personas identificadas en la denuncia que siguió el caso de Rosendo Radilla Pacheco -retenido en un retén militar hace 35 años-, sus hijas pidieron que se pidan excusas públicas, se coloque una placa en memoria de su padre y se realice la investigación y exhumación de cuerpos para encontrar los restos de las víctimas, como lo determinó el tribunal.
La Asociación de Familiares Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos, y la Comisión, que encabezaron durante 8 años y medio la defensa de la familia de Rosendo Radilla en contra del Estado, coincidieron en demandar que ante la determinación de la Corte, sea la Secretaría de Gobernación la que presente la iniciativa ante el Congreso para reformar el Artículo 57 al Código de Justicia Militar y la Ley de Desaparición Forzada para que los militares que cometan violaciones puedan ser juzgados ante un tribunal civil.
