Ya resuelta la negociación sobre el presupuesto de ingresos de la Federación para 2010, en unos días más conoceremos la correspondiente cuenta de egresos. Dentro de ésta figurará el alto costo del funcionamiento de las instituciones de la democracia.
El Instituto Federal Electoral es inmenso en sus instalaciones y personal. Su operación es cara. En 2009 su presupuesto fue de 12 mil ochocientos millones de pesos.
En la India la organización de las elecciones con múltiples partidos nacionales, regionales y hasta locales se maneja desde una entidad compuesta de tres consejeros, procedentes del servicio civil de carrera. Llegando las elecciones, son atendidas por las oficinas regionales y las casillas integradas por empleados públicos. En las últimas elecciones nacionales a mediados de este año se distribuyeron 1.1 millones de consolas electrónicas para recoger los votos correspondientes a un padrón de 750 millones de ciudadanos registrados y credencializados con foto. En México tenemos el Código Electoral más prolijo del mundo con 394 artículos que intentan prever todos los artificios y mañas que caracterizaban los comicios del pasado. Afortunadamente ya se está civilizando un poco más el proceso electoral. Sin embargo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es otro organismo cuyos magistrados al igual que los señores consejeros del IFE, gozan de sueldos exorbitantes comparados con el promedio de los funcionarios. Ha habido una notoria indisciplina en esta materia que apenas el escándalo público frenó, no para reducir las percepciones, sino solamente congelarlas. Cuando hace diez o quince años librábamos terceras batallas para lograr tener instituciones políticas a las que confiar la naciente Democracia y se exigían un padrón seguro, credenciales con foto, instituciones electorales ciudadanizadas, como se delinearon en el Foro sobre Procesos Electorales que el Consejo de la Democracia organizó en el Anfiteatro Bolívar en 1992, nunca pensábamos que se desataría un proceso de hipertrofia como el que ahora presenciamos. No sólo eso, el costo del sostenimiento de los partidos políticos cobra, estrictamente hablando, dimensiones sorprendentes. La Democracia no es un mesurable en términos de lo que gastan las instituciones. Importa su eficacia a nivel casilla así como el sentido de responsabilidad de los partidos y el comportamiento ético de los contendientes. Tanto los presupuestos oficiales destinados a los partidos políticos como los donativos a las campañas que tienen que ser objeto de monitoreo cuidadoso.
Nos encontramos en la primera etapa de la Democracia Electoral y podemos congratularnos por el andamiaje que ya se emplea. Pero su costo es excesivo.
El presupuesto 2010 del IFE y del TRIFE tiene que ajustarse en consonancia con el modesto nivel de vida del pueblo en general. No hay elecciones federales. Ni los 10 comicios estatales que vienen, justifican el dispendio actual. La reducción propuesta de 30% es insuficiente.
Falta avanzar hacia la segunda etapa de la Democracia, la Participativa. Ello requiere gastar, no en estructuras administrativas, sino en educación cívica promoviendo la conciencia de responsabilidad ciudadana de vigilar el cumplimiento de los principios y reglas de la democracia en sus niveles operativos rurales y urbanos. Urge que cunda el respeto de las formas de convivencia cívica y que los ciudadanos nos acostumbremos a respaldar el voto emitido con interacción directa con los representantes del Ejecutivo y del Legislativo.
La política incluyente es indispensable en el mundo actual. Los partidos, las instituciones y los candidatos tienen que aprender a ser respetables y confiables. El presupuesto que la Nación les destine en 2010 es factor, si no determinante, sí indispensable para que lo vayan siendo.
