La designación de un nuevo Presidente de la Comisión Nacional de Derechos humanos por el Senado de la República, ha puesto el tema de la protección de los derechos fundamentales de la persona humana, en un primer nivel de atención.
Como es del conocimiento, el próximo día quince del presente mes llega a su fin el segundo período de gestión del actual titular José luis Soberanes Fernández, quien ha estado al frente de la institución los últimos diez años.
El proceso de designación que hará la Cámara de Senadores el próximo viernes, de una terna obtenida de un conjunto de veintisiete aspirantes al cargo, se encuentra empañado con recientes acusaciones que pesan sobre el Presidente actual de la CNDH, relativas a la utilización indebida de fondos y la creación de una red de privilegios, mediante la inclusión en la nómina de funcionarios ligados a personajes de la política de partidos, en concreto con el senador priista Manlio Fabio Beltrones.
Las acusaciones son graves, porque pesan sobre un organismo autónomo de los que al igual que el Instituto Federal Electoral, el Instituto Federal de Acceso a la Información y sus correspondientes de los Estados de la República, han sido implementados en nuestro país durante las últimas dos décadas, como resultado de un esfuerzo de modernización de nuestras instituciones, para ponerlas al día con los estándares internacionales.
De hecho la condición autónoma de esos organismos, se ha reglamentado con la intención de descentralizar tales funciones de los Poderes del Estado y de esa forma sustraerlos a los vaivenes y compromisos de la política de partidos.
De por sí en el caso de la CNDH ocurre lo que al cohetero que escucha silbidos sea cual fuere el resultado de su desempeño, ya que desde un extremo las críticas consideran pobres los resultados y poco eficaz la protección conseguida en favor de los derechos humanos y desde el otro extremo, se encuentran quienes ven en la institución una oportunidad de impunidad que suele ser aprovechada como manto de protección por delincuentes que como tales son un peligro para la sociedad.
A estas críticas ahora se suman señalamientos de opacidad tanto en el manejo de los dineros como en la designación de los funcionarios de la Comisión fuera del proceso de licitación que manda la Ley, lo que resulta decepcionante para el ciudadano común que habiendo depositado sus esperanzas de control y apego a la legalidad en la creación de éste y otros organismos autónomos, se da cuenta que la medida no ha sido suficiente y que la tendencia de seguir creando más organismos para controlar a los que ya existen tiende a infinito, lo que lleva a la conclusión final de que como país y como condición humana no tenemos remedio.
El meollo de esta cuestión es que la moda en política y estilos de vida pública a nivel tanto nacional como internacional, nos vende la idea de que las normas legales y las instituciones son de suyo suficientes para garantizar una conducta adecuada de autoridades y gobernados y tal conclusión es errónea, porque en el interior de la persona humana, es en dónde se incuban las virtudes y los vicios que según el caso orientan la voluntad en la doble vía del bien y del mal.
Lo anterior quiere decir que se requiere fincar responsabilidades y castigar a los funcionarios públicos que se aparten del cumplimiento de la Ley en el manejo de los recursos, ya que el abuso de la misma autonomía que se plantea como la ventaja esencial de estos organismos, se pervierte por virtud de la discrecionalidad que en el manejo de los recursos humanos y materiales, la propia autonomía implica.
Es evidente que el fracaso de nuestras instituciones se mantendrá como una constante mientras la impunidad siga imperando y los funcionarios públicos sigan mal utilizando los recursos públicos a capricho y sin consecuencias, bajo el insano vicio elevado a principio normativo universal según el cual: Aquí no pasa nada.
Correo electrónico:
Lfsalazarw@prodigy.net.mx
