En México el tema de los Derechos Humanos se está utilizando de mal modo, al establecer una contradicción destructiva entre la seguridad del Estado y los derechos de los Ciudadanos. Tal es cierto enfoque en el caso de Atenco, que en estos días se encuentra en estudio en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual se ocupará de determinar si en la especie se cometieron violaciones graves a los Derechos Humanos por parte de los órganos del Estado.
Como fue difundido en vivo en la televisión nacional, el día 3 de mayo de 2006 una multitud violenta amparada en el derecho a manifestarse, propinó una salvaje golpiza a policías del Estado de México.
Los hechos que tuvieron lugar en el poblado de Atenco continuaron las horas subsecuentes, hasta el día siguiente en que un operativo redujo a la multitud al orden, en un enfrentamiento que incluyó la muerte de un joven manifestante y la presunta violación sexual de algunas mujeres.
El acontecimiento provocó mutuas acusaciones de los elementos en juego y reacciones de la Sociedad en pro y en contra, atizando la hoguera de desencuentro que desde hace tiempo se empeña en abrasar al país, sin importar a los incendiarios ni los derechos de los Ciudadanos ni la seguridad del Estado. Lo ocurrido dio lugar a una investigación relativa al respeto a los Derechos Humanos, que en este momento se encuentra en manos del Máximo Tribunal del Poder Judicial Federal, en el que campean dos diversos criterios: el expresado por el ministro José de Jesús Gudiño Pelayo, según el cual no existen pruebas en el expediente que acrediten de qué bando provino la acción que provocó la muerte de la víctima y el que manifiesta el ministro Genaro Góngora Pimentel, que reconociendo la falta de tal evidencia, responsabiliza a las corporaciones policiacas, porque según el jurista a ellas corresponde probar que no fueron sus agentes los autores del crimen.
La posición de Góngora es absurda porque plantea una presunción de culpabilidad mientras el acusado no demuestre su inocencia, y revela que en la práctica, la Corte se encuentra dividida más por intereses o simpatías partidistas, que en orden a criterios de razón.
Soslaya la opinión de Góngora que los manifestantes actuaron movidos por una estrategia deliberada de provocación enfrentamiento, porque a nadie pasa desapercibida la existencia de fuerzas políticas de izquierda que se concretan en el PRD y sus aliados reunidos en torno al proyecto de Andrés Manuel López Obrador, que buscan enfrentar a Estado y Sociedad en un perverso ejercicio de lucha violenta inspirada en la dialéctica marxista. A esa luz, el derecho de los ciudadanos a manifestarse se utiliza como ariete para destruir la estructura del Estado.
Es cierto que la Constitución de la República reconoce el derecho de toda persona de asociarse y reunirse con cualquier objeto lícito, pero también la propia Carta Magna determina que ese derecho deberá ejercerse de manera pacífica, lo que implica un reconocimiento equilibrado de que el límite de los derechos de cada cual, termina en donde comienzan los derechos de los demás. Al Estado corresponde el monopolio de la fuerza pública para proteger a la Sociedad de la violencia subversiva y el Estado Democrático no es la excepción.
El respeto a los derechos humanos en un Estado democrático es un reto de supervivencia, porque en las democracias emergentes entre las cuales se encuentra México, existen personas y organizaciones que ostentándose como falsos demócratas, aprovechan las libertades del sistema y las oportunidades de participación política, para atentar contra la seguridad del Estado y hacerse del poder por cualquier medio y a toda costa.
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