Puede negarlo ahora, pero desde el arranque mismo de los operativos policiaco-militares contra el crimen, el calderonismo advirtió el filón político de esa campaña.
Tan cuenta se dio de ello que, en el primer tiempo, vio en esa ofensiva la posibilidad de legitimarse en el poder presidencial donde se tambaleaba como, en el segundo tiempo, vio la posibilidad de debilitar al priismo, su mayor contrincante político-electoral.
Lo que nunca apareció en el horizonte calderonista fue que la violencia criminal rebasara su capacidad de respuesta y, en su derrame, contaminara la relación con Estados Unidos.
En ésas está ahora la Administración calderonista, viendo cómo esa ofensiva mal diagnosticada, mal planteada y mal desarrollada complica con su derrame a México, dentro y fuera de sus fronteras.
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Entre las primeras acciones de la Administración se contaron los operativos policiaco-militares contra el crimen.
La materia le venía como anillo al dedo a una Administración que, débil por su origen electoral y atenazada por los factores de poder que se sentían dueños de la Presidencia de la República, requería encontrar una fuerza de apoyo incondicional y un motivo incuestionable para revestir de legitimidad su mandato y convocar a la unidad nacional. La lealtad institucional del Ejército daba ese apoyo; el crimen, el motivo o el enemigo ideal.
Se tomó la decisión de ir a la guerra sin saber con qué fuerza y recursos se contaba, sin elaborar un diagnóstico preciso y sin diseñar la Inteligencia y la estrategia necesaria. La advertencia del peligro supuesto en esa aventura fue desoída. Cuestionar los operativos era tanto como atentar contra la unidad que exigía esa campaña.
Nunca se entendió que la crítica no cuestionaba el qué, sino el cómo.
Nunca se entendió que esa campaña exigía trabajar no sólo en el frente de guerra, sino también en el frente político, en el frente diplomático e incluso en el frente educativo así como en el frente informativo y, si se quiere, en el propagandístico.
Tan se desatendieron esos otros frentes que hazañas desarrolladas exitosamente por la Administración fueron divulgadas sin el cuidado, la energía y el esmero supuesto en la creación de una mística de guerra. La extradición de grandes capos del narcotráfico pasó literalmente de noche o de los más de 205 millones de dólares decomisados a Zhenli Ye Gon se recuerda que se contaron mal los billetes.
Ni sus éxitos quería contar bien la Administración.
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Por aquellos días hablar de la violencia que esa ofensiva podría generar no se veía mal, por el contrario se exponía como un mal necesario. Igual ocurría con el costo humano y económico que suponía.
Justo hace un par de años, el 28 de marzo de 2007, el presidente Felipe Calderón decía en Guerrero: "Soy el primero en reconocer que ésta será una batalla larga y difícil, que hace falta mucho por hacer y sé que será una batalla cuyo resultado de victoria no podrá verse en el corto plazo, que será una lucha larga que nos va a costar muchos recursos, que nos va a tomar tiempo, que por desgracia tomará vidas humanas.
Pero es una batalla que el Gobierno está absolutamente resuelto a librar sin dar tregua ni cuartel y, por supuesto, a ganar con el apoyo de todos los mexicanos".
Hoy, la violencia criminal es tema exclusivo de la Administración o de su partido. Desde la lógica oficial, quienes hablan de ella son mensajeros del narcotráfico. Quienes hablan de ella incurren en la apología del delito.
Quienes hablan de ella forman filas con el crimen sin darse cuenta.
Quienes advierten el desbordamiento de esa violencia y advierten del peligro de configurar un "Estado Fallido" le hacen el juego a los delincuentes.
Sin embargo, la información oficial sobre el estado que guarda el combate al crimen, el parte de guerra, se echa de menos.
La Administración no ha tenido la delicadeza de rendirle cuentas serias a la nación del punto donde se encuentra. No, a la nación nomás la bombardea con spots triunfalistas o, bien, la aburre con discursos de un futuro que nomás no llega.
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La Administración no lo explica pero tiene bien claro que, a lo largo de los dos últimos años, la violencia criminal ha evolucionado tanto en su dimensión y barbarie como en su objetivo y sus recursos.
Hasta el primer trimestre del 2006, esa violencia se caracterizaba por circunscribirse fundamentalmente al enfrentamiento entre los propios criminales. Luego, las decapitaciones y las ejecuciones irrumpieron brutalmente en la escena. Más adelante, en 2007, tuvieron registro las matanzas colectivas que dejaban por mensaje el siguiente recado: así como se puede eliminar a uno, se pueden ejecutar a varios. En septiembre de 2008, el atentado con granadas contra la multitud que celebraba El Grito en Morelia avisó de una violencia ya no discriminada.
Y, al parejo, la campaña desplegada en las narcomantas dejó ver la implantación del crimen en un número considerable de plazas y el involucramiento de altísimos mandos policiales en el negocio del narcotráfico.
Este año, la aparición de "los tapados" puso en juego a la base social del crimen así como la posibilidad de utilizar esa base como un escudo humano.
Aun cuando la Administración no explique ni informe cabalmente sobre la evolución de esa violencia, en las plazas y las calles se tiene noticia de ella.
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La rentabilidad política del combate al crimen ya dio de sí.
De los reconocimientos internacionales al coraje y al valor, indudables, del presidente Felipe Calderón frente a ese mal se ha pasado a los reclamos y a los señalamientos provenientes de Estado Unidos.
Del kilometraje que el dirigente panista, Germán Martínez, le quiso sacar a la politización del combate al crimen, involucrando a su principal competidor electoral, se ha pasado a una disonancia o incongruencia entre la Administración y su partido.
La Administración pretende bajar la voz de quienes advierten del peligro de la violencia y el partido pretende subir la voz implicando en la actividad criminal, por acción o por omisión, a sus adversarios políticos.
La Administración demanda acuerdos con la Oposición para darle un mejor marco jurídico al combate al crimen, y su partido confronta a la Oposición vulnerando eventuales acuerdos con ella.
En la aparente contradicción, la Administración ve el horizonte nacional y el partido ve el horizonte electoral.
En el fondo, sin embargo, se percibe que ni la Administración ni el partido tienen claro cómo atender el desafío criminal en un marco electoral adverso. En la duda y la actuación, complican aún más el cuadro mientras enriquecen una colección de incongruencias.
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El problema de la nueva circunstancia es que el derrame de la violencia criminal trasciende ya las fronteras.
De la solidaridad y del aplauso, Estados Unidos ha pasado al reclamo y al tronar de dedos. Por la airada reacción de la Administración mexicana, se intuye que algo no de su agrado se trama del otro lado del Río Bravo. Ante ello, la Administración debería informar cabalmente de la situación que se guarda, replantear su estrategia, alinear y coordinar su esfuerzo y continuar esa guerra, confiando, creyendo y respetando a la ciudadanía. No hay de otra.
