Colocada en el centro de la discusión la exigencia de cerrar vías de erosión de recursos fiscales antes de imponer nuevos gravámenes, la presión de empresas gigantes y despachos de fiscalistas está nulificando una alternativa en análisis del Senado de la República.
Estamos hablando de la reforma aprobada por la Cámara de Diputados en marzo pasado, que le adiciona una fracción (la VII Bis) al artículo 102 de la Constitución, en afán de cerrar vías a los amparos fiscales.
Aprobada por 337 votos a favor y sólo uno en contra, la modificación constitucional apuntaba a acotar la posibilidad de las multimillonarias deducciones de impuestos que ha otorgado en los últimos años la Secretaría de Hacienda a empresas que alegaron cobros indebidos del Impuesto al Valor Agregado.
Los casos más significativos son los de Jugos Del Valle y Alsea, la principal firma de franquicias en el país, a quien se le devolverían respectivamente mil 900 y 950 millones de pesos, con la novedad de que éstos los había pagado el público, no las empresas.
En el caso de la firma productora de jugos, su argumento apuntaba a que se tasó indebidamente la mercancía, al ubicarla como bebidas refrescantes, no como alimentos.
Según ello, la diferencia entre una bebida gaseosa y su producto, es una cantidad importante de nutrientes.
En el segundo caso, la firma se cubrió con un amparo obtenido por una empresa que había adquirido previamente.
Naturalmente, en la danza han participado prácticamente todas las firmas gigantes del país, en un abanico que camina desde Bimbo hasta Cementos Mexicanos, pasando por Peñoles y Maseca.
De acuerdo a la modificación aprobada por la Cámara de origen de la iniciativa, la única instancia facultada para decidir si se otorga o se rechaza un amparo tramitado de manera colectiva con características similares, será la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Colocado el asunto ante el pleno, para que pudiera otorgarse la protección de la justicia a una empresa solicitante se reclamarían al menos ocho de los 11 votos de los ministros en juego.
Más aun, suponiendo que se logre aún así la victoria, el amparo no tendrá efecto retroactivo, es decir no habrá devolución.
La razón de fondo para lo que sería una votación calificada, se inscribe en el interés colectivo que representa el despojar al fisco de una tajada formidable, en perjuicio de los programas sociales del gobierno.
El caso es que tornada la minuta al Senado para su discusión, las firmas interesadas se lanzaron a un feroz cabildeo que hasta hoy les ha dado jugosos resultados.
De hecho, nadie apuesta a que la reforma pase tal cual.
Los argumentos oscilan desde lo que se califica de intervención de poderes, hasta la posible inconstitucionalidad del mecanismo para ventilar las solicitudes de amparo.
De entrada, se refuta el que el Legislativo le imponga al Judicial la exigencia de reunir solicitudes afines para integrarlas en un bloque en vías de resolución definitiva, bajo el alegato de tratarse de casos "importantes y trascendentales".
Más allá, se critica la eliminación del efecto retroactivo del amparo, por más que la exposición de motivos hable de que "el interés particular no puede prevalecer sobre el bien común", aduciendo que se viola la mínima seguridad jurídica.
En la exposición de motivos de la reforma se alude al Voto Vallarta del siglo XIX, es decir el alegato de Ignacio L. Vallarta señalando que el Estado tiene derecho a conservar lo recaudado, toda vez que los particulares no están facultados a considerar como garantías individuales las tributarias.
En sentido contrario, se señala que si la ley es inconstitucional el Estado no tiene derecho alguno de apuntalar con ella la recaudación fiscal, dado que estaría violando los principios de equidad y proporcionalidad previstos en la fracción IV del artículo 31 de la Constitución.
Entre las leyes declaradas anticonstitucionales por la Suprema Corte de Justicia están las relativas al derecho de alumbrado público; al derecho de trámite aduanero; al impuesto sobre radicación en el Estado de México, y al impuesto sustitutivo del crédito al salario.
Lo inaudito del asunto es que pese a ello han regresado intactas a la mesa
Ahí está por ejemplo, la prohibición para deducir pérdidas por venta de acciones, que fue impugnada en 1998, 2002 y 2003, reapareciendo intacta en los meses siguientes.
Por lo pronto, el cabildeo, decíamos, lleva la delantera, lo que podría dejar la reforma en un simple intento.
Qué importa si el monto de las devoluciones supera 10 veces la recaudación esperada de aprobarse la posibilidad del IVA disfrazado de impuesto contra la pobreza.
Aunque las obras llevan suspendidas varios meses ante la falta de financiamiento de las empresas contratistas, la decisión del gobierno es mantener vivo el proyecto "La Parota", es decir la posibilidad de una gran hidroeléctrica en el Estado de Guerrero.
El run run de una posible cancelación surgió al no aparecer partida alguna para apoyar la obra en el presupuesto de gasto del año próximo. Sin embargo, el escenario es idéntico al del año pasado y el antepasado.
La razón es simple: la tarea se encuadra en el marco de Los Proyectos de Impacto Diferido en el Registro del Gasto (Pidiregas), es decir al margen de impacto presupuestal en el corto plazo.
La amortización llegaría a la entrega de la obra.
"La Parota" se ubica como el proyecto estelar de infraestructura del actual gobierno.
GRUPO MÉXICO FIRME
Aunque la firma india Sterlite está revirando la oferta planteada por el Grupo Minera México para recomprar a la empresa estadounidense Asarco, las señales apuntan a que el juez de la quiebra de la empresa productora de cobre no dará marcha atrás a la decisión a favor del consorcio mexicano.
Al margen de si habría o no más dinero para la firma, el handicap para la campañía rival de la de Germán Larrea Mota Velasco, es que hace un año incumplió con el pago de dos mil 806 millones de dólares por el paquete de la discordia, tras haber firmado un contrato de compra.
Por lo pronto, de reasumir el Grupo México la mayoría del capital de Asarco, se consolidaría como el tercer productor de cobre del planeta, además de cerrar el capítulo de los onerosos pasivos que arrastraba la empresa por multas ambientales.
El problema es que de inmediato los steelworkers le estallen una huelga en solidaridad con la causa de Napoleón Gómez Urrutia.
NI A LOS TALONES
A contrapelo de informaciones basadas en supuestos reportes confidenciales, la audiencia que sigue los programas de Proyecto 40, incluidos sus noticiarios, alcanza dos veces la del canal 22 y más de seis la del canal Milenio, tanto en el ámbito de televisión libre como de paga en el Distrito Federal.
Las cifras están en los expedientes de la firma Ibope.
