"El que una nación quiera lograr la prosperidad a base de impuestos es como pararse en una
Cubeta y tratar de levantarla de las asas."
Winston Churchill
A lo largo de los años sólo dos mujeres nos han protegido a los mexicanos de los abusos de los políticos: Guadalupe y Amparo. Hoy los políticos quieren quitarnos a la segunda.
Diputados de todos los partidos votaron ayer, 335 votos contra uno, una reforma a la Constitución que busca limitar severamente el derecho de amparo en materia fiscal. (¿Dónde estaban los otros 164 diputados? ¿Ya de vacaciones?) La enmienda se movió con inusitada rapidez de la iniciativa a las comisiones y de ahí al pleno. Con esta aprobación al vapor se buscaba evitar que una discusión abierta evidenciara el nuevo asalto de la clase política a los ciudadanos.
Si los senadores y los legisladores locales ratifican esta enmienda (redactada en Hacienda, pero presentada como propia por los líderes de la Cámara de Diputados), los mexicanos habremos perdido en buena medida la posibilidad de defendernos en los tribunales ante los impuestos inconstitucionales.
La reforma dejará dos tipos de amparo en lugar del único que tenemos. El general preservará nuestros derechos ante los abusos de la autoridad. Pero el nuevo, el fiscal, estará diseñado para impedir que los gobernados recurramos a los tribunales para defendernos de los impuestos injustos.
Ayer la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, y la Academia de Estudios Fiscales publicaron desplegados en periódicos en que señalaban que la enmienda vulnera severamente el derecho de amparo. Pero la línea para votar a favor ya estaba dictada desde Los Pinos. La enmienda establece condiciones para los juicios de amparo en materia fiscal que no tiene ningún otro proceso judicial en nuestro país. Para empezar, sólo la Suprema Corte tendrá facultades para escuchar estos casos. En principio esto no sería objetable, ya que evitará las diferencias de criterio usuales en tribunales inferiores, aunque convierte a la Corte en un tribunal fiscal lo cual no es su función.
El problema es que la Corte no podrá dar la razón a los contribuyentes frente a Hacienda a menos de que vote con una mayoría calificada de ocho ministros de los 11. Éste será el único caso en que los demandantes de amparo perderán los juicios pese a obtener una mayoría en la Corte.
La reforma elimina una de las características más importantes del juicio de amparo: la suspensión, ya sea definitiva o provisional. El impuesto que decidan las autoridades se seguirá aplicando durante cualquier litigio, aun cuando sea a todas luces inconstitucional.
Pero aun si el contribuyente logra la hazaña de ganarle un juicio al Gobierno con una supermayoría en la Corte, no se le devolverá del dinero indebidamente cobrado. Hacienda podrá cobrar un impuesto -por ejemplo, sólo a los judíos- y podrá quedarse con el dinero aun cuando al cabo de dos o tres años la Corte lo declare inconstitucional.
Quizá el único aspecto positivo de la reforma es que da aplicación general a los fallos de amparo en materia fiscal. En este momento, si yo le gano un juicio al Gobierno los beneficios recaen sólo sobre mí. Pero en lugar de ampliar la aplicación general a todos los juicios de amparo, que sería lo justo, los legisladores sólo lo están haciendo en los fiscales. Esta iniciativa ha sido descrita como la Ley Jugos del Valle en referencia a dos litigios que esta empresa ganó a Hacienda en 1990 y 2003 para obligarla a devolver un IVA que había cobrado inconstitucionalmente. En ambos casos los tribunales decidieron que la ley estaba dando un trato desigual a los jugos al cobrarles IVA cuando no lo hacía con la leche u otros productos similares. La nueva ley haría virtualmente imposible que estos amparos, o cualquier otro, prosperaran en materia fiscal.
La solución a un problema como el de Jugos del Valle no radica en despojarnos a los mexicanos del derecho de amparo, sino en hacer una reforma fiscal que realmente respete los principios constitucionales, como el de equidad o el de aplicación general. Pero esto es algo que los políticos no quieren hacer porque usan los impuestos para castigar a sus enemigos y premiar a sus cómplices.
¿Por qué se ha empujado al vapor esta enmienda precisamente ahora? Porque la clase política sabe que la crisis económica y la caída de los precios del petróleo la obligarán a despojar todavía de más recursos a los contribuyentes cautivos. Es muy probable que después de las elecciones de julio veamos toda una serie de nuevos impuestos a quienes ya están registrados. Muchos de esos impuestos serán injustos o abiertamente inconstitucionales. El derecho de amparo representaba así un problema que los políticos tenían que eliminar lo antes posible.
¿Usted tomaría un crédito de tarjeta a 40 por ciento para colocarlo en Cetes a 6? Por supuesto que no, pero esto es precisamente lo que está haciendo el presidente Calderón, quien ayer anunció que tomará un préstamo de entre 30 mil y 40 mil millones de dólares del FMI para "fortalecer" las reservas (que estaban este 27 de marzo en un nivel alto de 79,004 millones de dólares). El dinero en reservas se invierte usualmente en bonos del Tesoro de Estados Unidos a una tasa de 0 a 0.25 por ciento. ¿Cuánto pagaremos por el dinero del FMI? Sin duda más.
