La realidad de violencia e inseguridad pública que padecen el país y la región motivan a replantear los actuales esquemas de las corporaciones policiacas, en aras de hacer más eficiente la lucha contra la delincuencia. Coordinación, capacitación, evaluación, equipamiento y depuración, son palabras que cada vez con mayor frecuencia se escuchan en los discursos de prácticamente todas las autoridades, sin que en los hechos exista una mejora sustancial.
En México hay poco más de dos mil cuerpos de seguridad, entre policías preventivas municipales, estatales y la federal. Para algunos, esta multiplicidad de mandos, estructuras, controles y formas de operación impide un actuar coordinado con fines específicos y resultados homogéneos. Es en este sentido que el actual secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, presentó al Congreso de la Unión, el 24 de septiembre pasado, una iniciativa para desaparecer las corporaciones municipales y crear 32 grandes cuerpos estatales.
En su accidentada comparecencia ante la Cámara de Diputados, el secretario declaró que el objetivo de la propuesta es "alinear, articular y eficientar las capacidades institucionales y recursos, así como homologar métodos y procedimientos sistemáticos de operación para todas las policías del país". Las reacciones no se hicieron esperar.
El senador panista Alejandro Zapata descalificó la iniciativa de García Luna por ser "una idea echada al aire que por sí sola no soluciona nada". Por su parte, el senador priista Francisco Arroyo rechazó la propuesta argumentando que "que la cercanía de la Policía con la población ayuda a que se porten bien los efectivos", cercanía que no se daría en caso de la unificación de las policías.
En la Comarca Lagunera, la opinión fue en sentido inverso. El alcalde de Torreón, José Ángel Pérez, comentó que en caso de concretarse esa iniciativa "habría mayor control y contribuiría a obtener mejores logros en el combate de la delincuencia". Para Karlo Castillo, director de Seguridad Pública Municipal, la unificación de las policías se traduciría en elementos más capacitados y con mejor salario.
También los candidatos a la Presidencia Municipal de Torreón vieron con buenos ojos la propuesta. Jesús de León, aspirante del PAN, opinó que habría una mayor coordinación y no se tendrían "tantos frentes abiertos". Pero Eduardo Olmos, candidato del PRI, se mostró menos entusiasta, ya que si bien reconoció que se quitaría a los municipios una "gran carga presupuestal", consideró que la desaparición de las policías locales debe primero analizarse a fondo.
La aceptación de la iniciativa por parte de las autoridades de la región es explicable en el actual contexto de incapacidad de las corporaciones municipales frente a la creciente ola delictiva. Explicable, mas no justificable. El decir sí a la desaparición de las policías de las ciudades es un acto de capitulación, un reconocimiento abierto de que no existe forma de atacar el problema de la criminalidad desde el nivel de gobierno más cercano a la sociedad, que es la que sufre a diario las consecuencias de la inseguridad.
Más allá de las filias y fobias partidistas, lo que plantea la iniciativa de Genaro García Luna es una visión de cómo brindar protección a la ciudadanía, esa responsabilidad primordial del Estado. La apuesta del secretario es concentrar para unificar las formas de operación y los controles sobre los agentes y mejorar así la capacidad de respuesta frente a los hechos delictivos.
La propuesta presenta serias complicaciones de forma y fondo. Para llevarla a cabo se requiere una profunda reforma del sistema federal mexicano, puesto que los municipios quedarían exentos de una de sus obligaciones más importantes, que es la de prevenir el delito y brindar auxilio a los ciudadanos que sufran atentados a su patrimonio o su integridad física. En consecuencia, el concepto de autonomía municipal tendría que sufrir modificaciones radicales, ya que dichas obligaciones básicas recaerían en una instancia superior, la cual intervendría en cualquier alteración del orden público en las ciudades.
Por otra parte, la concentración masiva de efectivos bajo el mando de los gobiernos estatales implica dos situaciones que no deben soslayarse: el "alejamiento" de las fuerzas de seguridad respecto a las necesidades de las localidades con mediana o baja densidad poblacional, y el robustecimiento de las burocracias estatales con el consecuente incremento de la carga presupuestal. Además, antes de dar a los gobernadores facultades casi absolutas sobre las labores de seguridad en las entidades, debe garantizarse la probidad de las instituciones estatales y sus miembros, de no ser así, ese enorme poder podría ser utilizado con fines distintos al de la seguridad pública o por intereses desconocidos.
Todavía hay muchas preguntas en el aire, como ¿cuál sería el papel de los municipios en la prevención del delito? ¿Ante qué instancia acudiría el ciudadano en caso de violación de garantías o abuso de autoridad? ¿Cuáles serían los mecanismos de rendición de cuentas de las mega-corporaciones estatales?, entre muchas otras. Y no se trata de descalificar la iniciativa, sino de tratar de entenderla y ver si en realidad contribuiría a mejorar las condiciones de seguridad tan deterioradas actualmente o, por el contrario, si agravaría los problemas o crearía nuevos.
¿Es la coordinación basada en el reforzamiento de las facultades de los niveles de gobierno el camino para afrontar al crimen? ¿O es la concentración de esas facultades en manos de un solo poder? Ése es el debate que debe darse hoy entre los legisladores y, sobre todo, entre los ciudadanos, principales víctimas de la ola delictiva que azota al país y a nuestra comarca.
