Las autoridades capitalinas aseguraron que no violaron la Ley Federal de Armas de Fuego y Control de Explosivos, al haber permitido que elementos de la Policía Bancaria e Industrial (PBI), contratados como escoltas de Andrés Manuel López Obrador portaran pistolas fuera de la capital.
Sin embargo, el general de División retirado, Luis Garfias Magaña, ex rector de la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea, indicó que el incidente sí fue una violación a la norma. En tanto, la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSP-DF), informó que acatará las disposiciones que marca dicha Ley sobre lo concerniente a la Licencia Oficial Colectiva Número 6, que ampara a los policías capitalinos para portar armas..
El 6 de enero pasado en Mazatlán, Sinaloa, personal militar detuvo a 11 personas, de las cuales seis portaban armas —cinco pistolas calibre nueve milímetros y una calibre .380—, quienes se identificaron como elementos de la PBI, y escoltas del ex candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador.
La Sedena reveló anteayer que las cinco armas calibre nueve milímetros están amparadas por una Licencia Oficial Colectiva expedida a la SSP-DF, pero para portar este armamento, los policías tienen “estrictamente prohibido” utilizarlo para servicios de seguridad privada.
Por esa situación, dijo, la licencia a la SSP-DF podría estar en riesgo de suspenderse o cancelarse, además de que las armas amparadas se utilizaron fuera de los lugares autorizados. Fuentes del Gobierno capitalino indicaron que para arreglar el problema, ayer hubo una reunión, entre representantes de la Sedena y SSP-DF. Por parte de la SSPDF estuvo Juan Jaime Alvarado, director de la Policía Bancaria Industrial (PBI), y padre de uno de los guardaespaldas de López Obrador: Juan Jaime Alvarado Bernal.
Respecto a toda esta situación, el ex general Garfias Magaña, experto en temas de seguridad nacional, dijo que se deberá investigar sobre las operaciones de la PBI, pues ante lo ocurrido, la Sedena tendrá que verificar si no existen otras anomalías en el uso de la licencia colectiva otorgada a la corporación, antes de renovar la autorización.
