El presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, el panista Alberto Becerra Pocoroba advirtió que no cederán a chantajes de los empresarios que aseguran que los nuevos impuestos generarían desempleo y pérdidas económicas.
"No estamos para que nadie nos chantajee, estamos para servir a México", dijo el legislador de Acción nacional.
En entrevista, el panista sostuvo que es el momento de que las empresas contribuyan al gasto público.
La comisión de Hacienda recibió el pasado viernes a más de 20 representantes de organizaciones empresariales, las que refutaron la propuesta económica de Ejecutivo, al tacharla de ilegal, regresiva e inflacionaria.
"Ellos vienen a darnos conclusiones, en el sentido de por qué no deben contribuir al gasto público; me parece que no nos dan las razones por las cuáles debemos transitar, ni tampoco alguna alternativas", esgrimió el legislador.
"Sin embargo, es nuestro deber y la razón de invitarlos fue para escuchar su postura, para conocerla, para que nos dijeran sus diversas opiniones. Nadie quedó fuera", señaló.
Becerra Pocoroba reconoció que el tema fiscal es complicado, pero que la crisis económica amerita un esfuerzo de todas las secciones.
En ese contexto, adelantó que todas las advertencias en torno a amparos o controversias constitucionales no son un factor de presión.
"Son sus posiciones y cada quien es libre de expresar sus propios criterios, para nosotros como legisladores es muy difícil calificar porque no somos los dueños de las empresas. Entonces no llegaría a dramatizar, creo que estamos para construir y tomemos el lado positivo de sus intervenciones, partamos mejor de la premisa de que vinieron a ayudarnos a construir una reforma, que creo que ese es nuestro gran deber", insistió.
La comisión de Hacienda tiene en sus manos aprobar las líneas generales de ingresos, así como la propuesta presidencial de imponer un 2% al consumo, 4% a telecomunicaciones, subir el Impuesto Sobre la Renta de 28 a 30% y otras modificaciones al régimen fiscal.
El 20 de octubre es el plazo fatal para que la Cámara de Diputados apruebe la Ley de Ingresos 2010, y pase al Senado de la República para su aval y después al Ejecutivo.
