Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación comenzaron a revisar, en privado, un dictamen en el que se propone declarar que sí se registraron violaciones graves a las garantías de la población en Oaxaca, durante los conflictos magisteriales, políticos y sociales que se registraron en dicha entidad de mayo de 2006 a enero de 2007.
En dicho dictamen, elaborado por el ministro Mariano Azuela, se concluye que las administraciones del entonces presidente Vicente Fox y del actual gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, llevaron a cabo las acciones idóneas para solucionar el conflicto, por lo que no se les puede responsabilizar de los "resultados indeseados".
En el caso de Ulises Ruiz, el ministro Azuela sólo propuso, de manera adicional, que se le hiciera un reproche por "el hecho de no contar con una fuerza pública eficiente y capaz de disuadir, por sí misma, el surgimiento de conflictos sociales como el que tuvo verificativo en el Municipio de Oaxaca de Juárez y zona conurbada".
Derivado de las investigaciones que llevó a cabo una comisión integrada por dos magistrados, Azuela llegó a la conclusión de que en las violaciones de las garantías sólo participaron mandos y elementos de las policías Federal y Estatal, quienes incurrieron en abusos durante los diversos operativos que implementaron, entre los que destacan tratos crueles e inhumanos durante la detención y traslado de los manifestantes.
Entre los mandos policiacos que se mencionan destaca el caso del ahora diputado Ardelio Vargas Fosado, quien preside la Comisión de Defensa Nacional y quien en el momento de los hechos era jefe del Estado Mayor de la Policía Federal.
El dictamen elaborado por el ministro Azuela será revisado hasta el martes próximo.
Durante esta semana los ministros se dedicaran a revisar el documento de más de 900 páginas que se difundió en la página de internet de la Suprema Corte de Justicia.
