Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) comenzaron a revisar, en privado, un dictamen en el que se propone declarar que sí se registraron violaciones graves a las garantías de la población en Oaxaca, durante los conflictos magisteriales, políticos y sociales que se registraron en dicha entidad de mayo de 2006 a enero de 2007.
El documento a revisión, que fue elaborado por el ministro Mariano Azuela Guitrón, se afirma que durante meses no existió Estado de Derecho en el municipio de Oaxaca y en su zona conurbada, y que durante este periodo se violaron de manera grave los derechos al acceso a la justicia, a la integridad personal, a la vida, así como las garantías a la libertad y a las libertades de tránsito, de trabajo, de pensamiento y expresión, de educación, de propiedad y a la paz.
En especial, se destaca, las violaciones de garantías fueron sufridas por la población que no participó en el conflicto.
Pero, al final, en dicho dictamen, se concluye que no es posible responsabilizar a ningún funcionario de la mayoría de las violaciones que se cometieron durante este periodo.
En el documento se deslinda de cualquier responsabilidad a las Administraciones del entonces presidente Vicente Fox y del actual gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, porque no incurrieron en una "omisión absoluta".
Porque, se asegura, los gobiernos Federal y Estatal llevaron a cabo las acciones idóneas para solucionar el conflicto, sólo que con "resultados indeseados", que, se aclara, no se les pueden achacar.
En opinión de Azuela lo único que procede contra el gobernador de Oaxaca es hacerle "un reproche", por no contar "con una fuerza pública eficiente y capaz de disuadir, por sí misma, el surgimiento de conflictos sociales como el que tuvo verificativo en el Municipio de Oaxaca de Juárez y zona conurbada".
Porque, de acuerdo con el ministro Azuela, las únicas violaciones que se les pueden atribuir a las autoridades son las que se cometieron como parte de los operativos que se implementaron "para solucionar el conflicto social en Oaxaca".
Y éstas, se precisa, son atribuibles únicamente a los mandos policiacos y elementos de los cuerpos de las policías federales y estatales, que se vieron involucrados en un uso excesivo de la fuerza pública, detenciones arbitrarias de personas inocentes; y tratos crueles e inhumanos durante la captura y traslado de manifestantes.
Entre los mandos policiacos que se mencionan como involucrados en dichas violaciones destaca el caso del ahora diputado Ardelio Vargas Fosado, quien preside la Comisión de Defensa Nacional y quien en el momento de los hechos era jefe del Estado Mayor de la Policía Federal.
El proyecto del ministro Azuela, que se prevé genere división de opiniones en el máximo tribunal del país, se programó para ser revisado y discutido públicamente en el Pleno de la Corte, en su sesión del martes 13 octubre.
