De acuerdo a una encuesta realizada por la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios entre sus agremiados, la crisis está paralizando los programas de construcción privada en el país, tantito por incertidumbre, caída de mercado o falta de crédito
Las cifras son de escándalo: el ciento por ciento de los planes de construcción de parques industriales se han pospuesto alcanzando el 85 en desarrollos turísticos hoteleros; el 53 en centros comerciales; el 38 en vivienda media y residencial, el 28 en obras de uso múltiple; el 22 en infraestructura, y el 10 en vivienda de interés social.
En la secuela, la mitad de las empresas afiliadas al organismo aceptan haber reducido su personal en un margen de entre tres y 100 trabajadores, en tanto ocho de ellas reconocen que habrá más recortes, sin precisar el monto.
La paradoja del caso es que la mayoría de los que participaron en la muestra, concretamente el 66 por ciento, habla de cautela como aval de la parálisis, es decir no tienen certeza de la profundidad de la crisis ni su duración.
El resto apunta simplemente a falta de crédito, baja de mercado o de plano falta de capital, por más que un porcentaje mínimo apunta a la dificultad para obtener la licencia o a la corrupción de la burocracia que las otorga.
Encabezada por Abraham Metta Cohen, la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios agrupa a 50 firmas que mantienen en proceso 530 desarrollos, ofreciendo 150 mil empleos.
Su tarea contribuye al 80 por ciento del desarrollo inmobiliario en la ciudad de México y el 57 por ciento del país.
En la encuesta participó el 60 por ciento de la membresía.
De acuerdo a ella, las firmas tenían planeado iniciar el año con 344 desarrollos inmobiliarios, la mayoría de los cuales (21.8 por ciento) apuntaba a vivienda residencial, en tanto el 18.4 lo hacia 2 centros comerciales; el 14.8 a hoteles; el 14.2 a vivienda de interés social, y el 9.8 a parques industriales.
De ellos, se suspendieron 38 proyectos que representan el 100 por ciento de las naves para factorías; 49 en materia de hoteles; 38 en centros comerciales; 32 en vivienda media y residencial; 11 en edificios para oficinas, y cinco en vivienda de interés social.
La gran pregunta, naturalmente, es qué pasará cuando se dimensione el tamaño real de la crisis, en un escenario en que la Secretaría de Hacienda ha pasado de la frivolidad al catastrofismo, o si lo prefiere del blindaje a prueba de misiles al ¡Dios-nos-agarre-confesados!
Lo grave del caso es que del otro lado de la mesa, es decir la construcción de infraestructura por parte del sector público, tampoco se está avanzando, dada la parálisis que provocó una inoportuna contradicción entre lo dispuesto en la Ley de Obra Pública y la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
De hecho, pese a los constantes jalones de orejas a los funcionarios, a la mitad casi del tercer mes del año la Secretaría de Comunicaciones y Transportes sólo ha ejercido el 10 por ciento de los 50 mil millones de pesos previstos para infraestructura carretera.
Peor aún, siete meses después del anuncio de una nueva refinería en el país, la Secretaría de Energía y Petróleos Mexicanos siguen sin definir la sede, alegando la realización de sesudos estudios para analizar la mejor opción.
Y si le seguimos, el Congreso está soslayando el compromiso pactado con la cúpula empresarial para traducir en nuevas leyes o reformas a las existentes las recetas planteadas en el foro "México ante la crisis: ¿Qué hacer para crecer?", partiendo de la base de que la recuperación de la economía debería surgir del sector público como detonador.
La promesa hablaba, justo, de evitar contradicciones de leyes que provocaron temblores de piernas de los funcionarios públicos, y garantizar el cumplimiento estricto de las obras cobijadas por el presupuesto de egresos para este año
Como usted sabe, la construcción jala en su inercia a 42 ramas productivas, provocando un reclamo intensivo de mano de obra.
Por lo pronto, la obra privada se paraliza sin haber tocado aún fondo la crisis.
La noticia es que la Comisión Federal contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) está realizando una investigación exhaustiva sobre los ingredientes de un producto de la multinacional Pepsi Cola que se comercializa como Kick.
La presunción habla de que la bebida energética contiene Ginseng, una planta prohibida por la normatividad vigente en el país.
De comprobarse la posibilidad, el organismo que encabeza Miguel Ángel Toscano ordenará la salida del mercado del producto.
Los tambores de guerra, pues, están sonando.
PRIETITO EN EL ARROZ
La razón de fondo de la salida de Guillermo Prieto Treviño de la presidencia de la Bolsa Mexicana de Valores, avalada por el clásico "se terminó su ciclo", se inscribe en su intención de incrementar las comisiones que se les cobran a las intermediarias por realizar operaciones en el piso de remates.
La exigencia provocó la ira de las casas de bolsa, quienes lanzaron toda la carga contra el funcionario.
De hecho, se hablaba originalmente de pedir abiertamente su destitución.
Por lo pronto, hasta hoy el más viable sucesor de Prieto es el ex presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Jonathan Davis.
CEMENTOS MEXICANOS POR TODO
En intento desesperado de contener la caída vertical en el precio de su acción, Cementos Mexicanos anunció ayer que está en pláticas con sus acreedores para renegociar la mayoría de su pesada deuda.
El monto en la mesa es de 14 mil 500 millones de dólares, ya en créditos sindicados o en bilaterales.
Como recordará usted, en enero pasado la firma encabezada por Lorenzo Zambrano anunció la reestructura de otra parte de sus débitos, además del aplazamiento indefinido del lanzamiento de un multimillonario bono de deuda.
El rumor en el mercado hablaba de que la compañía podría incumplir el pago de deudas con vencimiento en el corto plazo.
Por lo pronto, la empresa no descartó la venta de más activos no estratégicos en lo que parecería la peor de sus malas rachas.
GANÓ LA COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA
Finalmente la Comisión Federal de Competencia (CFC) logró derribar los recursos legales interpuestos por el Sindicato Nacional de Pilotos de Puertos, Delegación Tampico-Altamira, para soslayar el pago de una multa de dos millones 34 mil pesos.
Esta había llegado tras un procedimiento en que se comprobó que el acusado actuaba condicionando sus servicios a la firma Servicios Marítimos Portuarios, colocándola de espaldas a la pared por tener el sindicato la exclusividad de servicios de lancheo para desalojar los barcos que llegan al puerto.
El caso es que el órgano en el banquillo planteó un juicio de nulidad sin agotar el procedimiento, es decir sin recurrir al recurso de revocación.
Más aún, tramitó un amparo que le fue sobreseído.
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