El Instituto Federal Electoral (IFE) tiene deficiencias en el control del ejercicio de su presupuesto y un desorden administrativo que derivó en presuntos daños patrimoniales.
Según el primer informe anual de la Contraloría General del IFE, también encontró casos de desviación de recursos públicos a través de pagos no autorizados, registros documentales deficientes y abusos de servidores públicos.
El documento de la Contraloría General -órgano con autonomía de gestión desde la reforma electoral de 2007 y encabezado por Gregorio Guerrero-, fue entregado ayer al Consejo General en sesión extraordinaria y precisa que las auditorías financieras y de obra pública corresponden al ejercicio presupuestal de 2007.
"Las auditorías aplicadas en Oficinas Centrales e inversiones físicas, generaron un total de 174 observaciones, de las cuales 56 corresponden a incumplimientos a disposiciones legales y normativas; 44 se relacionan con presuntos daños económicos al patrimonio del IFE y que pudieran derivar en el fincamiento de responsabilidades a los servidores públicos; y por último, 74 se clasificaron como incumplimientos a los controles internos establecidos por el Instituto", señala el informe.
De las cuatro auditorías de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, se revisó un presupuesto de 8 millones 417 mil pesos, las cuales arrojaron diferencias presupuestales por 2 millones 153 mil pesos.
En las auditorías financieras de las oficinas centrales del IFE, la Contraloría determinó 128 inconsistencias, de las cuales 21 corresponden a infracciones a disposiciones legales y normativas; dos a presunto daño económico y cinco a incumplimientos de controles internos.
Entre las conductas deficientes detectadas, el órgano de control del IFE señaló: cheques expedidos pendientes de conciliar con antigüedad de hasta 56 meses; cheques no entregados con antigüedad de más de un año; anticipos a proveedores no amortizados; saldos de partidas centralizadas prorrateados, a los diferentes centros de costo del IFE, sin un criterio definido.
También hubo en el ejercicio de 2007, un registro extemporáneo de los compromisos contraídos, pago de honorarios a favor de una persona distinta a la que se obligó mediante el contrato y documentación comprobatoria improcedente.
En cuanto a las auditorías de obra pública en áreas centrales la Contraloría detectó 143 deficiencias o irregularidades, de las cuales 42 pueden derivar en daño patrimonial o en el fincamiento de responsabilidades por presuntos pagos en exceso.
