La semana pasada comentábamos acerca de la participación ciudadana en asuntos públicos, donde señalamos que en la Región Lagunera ocurre como un proceso que involucra a una mayor diversidad de actores que expresan su preocupación por asuntos relacionados con las condiciones socio-ambientales que determinan la calidad de vida que tenemos los laguneros; sin embargo, para entender esta cuestión es fundamental la valoración cultural que asignemos a estos hechos de modo tal que podamos darle una dimensión social pertinente.
Recordábamos que nuestra residencia en este espacio geográfico enfrenta serios problemas relacionados con el deterioro socio-ambiental, los cuales se expresan a nivel local en la disminución de la disponibilidad y calidad del agua, la pérdida de la biodiversidad y la disminución en la calidad del aire, por mencionar los más importantes, pero asociados a procesos globales como la alteración del ciclo hidrológico, la fragmentación y reducción de hábitat y el calentamiento global producto de las emisiones de gases de efecto invernadero.
Sobre los recursos hídricos, cuyo manejo social es sumamente complejo en la medida que no se reduce, aunque es recomendable hacerlo, a regular el agua que extraemos de nuestras llaves domiciliarias, sino que requiere una visión integral del agua en el ámbito de la cuenca hidrográfica, legalmente ya existen espacios de participación ciudadana que comparten con los organismos oficiales la toma de decisiones, tales como los Consejos de Cuenca, los Comités Hidráulicos y los Comités Técnicos de Aguas Subterráneas, o en su caso los Consejo Ciudadanos asociados a los organismos operadores de aguas urbano-domésticas.
Sin embargo, esa participación esta acotada básicamente a los diferentes tipos de usuarios de agua, y aunque debiera serlo por ser los que más se benefician con el uso de este recurso, no siempre éstos asumen de manera responsable su manejo, particularmente en el caso de los acuíferos de los cuales depende principalmente el suministro a la población, las áreas urbanas y la industria, y en algunos lugares como La Laguna, a actividades agropecuarias que consumen los mayores volúmenes disponibles de ser aprovechados.
Es entendible que para realizar un manejo sostenible del agua después de haber abusado en su uso, requiere un enorme esfuerzo que implique un cambio cultural y en las percepciones de los funcionarios responsables de regular el aprovechamiento del agua como de los mismos usuarios, del cual, queramos o no aceptarlo, son pocos los avances logrados en relación al reto que tenemos enfrente de deterioro del recurso que ya nos afecta como población humana. Entonces, si de manera formal existen los espacios de participación ciudadana, la pregunta que surge es: ¿Acaso estos espacios son insuficientes en la representación ciudadana en la medida que quienes participan en dichos organismos no asumen la responsabilidad de tomar las decisiones pertinentes que aseguren la conservación de un bien común como el agua? o ¿Cuál es la deficiencia, o como dice la literatura referente al caso, el déficit de gestión que impide orientar, o en otras palabras, tomar las decisiones pertinentes para realizar ese manejo sostenible del agua?
En el caso del acuífero principal de La Comarca Lagunera tales preguntas se sustentan en los hechos, ya no sólo presentes sino con un antecedente que quizá puede remontarse al momento en que inicia el desbalance entre extracción y recarga de agua, es decir, según datos oficiales ese desequilibrio se observa en 1946 al empezar sus operaciones la presa Lázaro Cárdenas. Lo cierto es que en vez de reducirse las extracciones, éstas aumentan para satisfacer la demanda de agua para riego de tierras cultivadas de algodón que ya se venía incrementando cuando años atrás se autorizan nuevas perforaciones por el auge del mercado de la fibra, estimulado por la Segunda Guerra Mundial y que se mantuvo poco tiempo después con la Guerra de Corea, extracciones que continúan al desplomarse su precio internacional en la siguiente década y cuya respuesta fue reconvertir el patrón productivo agropecuario por cultivos que presentaban altos usos consuntivos de agua.
Si bien esto ya es historia y hoy en día no se trata de echar culpas, además que debemos reconocer la importancia económica del sector agropecuario en el desarrollo regional de la Comarca Lagunera, la cuestión que debemos plantearnos es cómo resolver el deterioro que sufre este recurso que se refleja en la disminución en su disponibilidad y calidad, pero también es necesario ver de qué manera se abren los espacios o se crean nuevos para que se realice el diálogo ciudadano con los tomadores de decisiones, sean oficinas de Gobierno o usuarios, no como un reclamo necio sino como inquietud ciudadana que nos involucra en la medida que lo que está en juego no es un bien del vecino sobre el cual reclama su justa propiedad y forma de uso, sino por que es un bien común que al ser manejado de manera insostenible por el concesionario y el que otorga la concesión, la mayoría de los ciudadanos nos veamos afectados. Como el tema es algo abundante, en la siguiente colaboración referiremos a los otros dos recursos mencionados al inicio de este artículo.