La Casa Blanca afirmó hoy que los responsables de atrocidades en Darfur deben "rendir cuentas" por sus crímenes, en referencia a la orden de detención internacional contra el presidente de Sudán, Omar Al Bachir.
En su rueda de prensa diaria, el portavoz de la Casa Blanca, Robert Gibbs, no quiso pronunciarse directamente acerca de si el presidente de EU., Barack Obama, apoya la orden emitida por la Corte Penal Internacional (CPI), de la que el país norteamericano no forma parte.
Gibbs lanzó un llamamiento a todas las partes implicadas en el conflicto sudanés a mostrar "moderación", incluido el Gobierno de Jartum, y criticó cualquier nueva iniciativa de violencia contra los civiles.
Obama y la Casa Blanca, aseguró Gibbs, creen que "quienes hayan perpetrado atrocidades deberían rendir cuentas" por sus delitos.
El presidente estadounidense también apoya un alto el fuego inmediato en la región y una paz duradera, así como los esfuerzos que se desarrollan para ayudar a los desplazados, agregó.
La iniciativa de la CPI "puede representar un paso positivo. Vamos a ver cómo se desarrolla a partir de ahora", comentó por su parte el portavoz adjunto del Departamento de Estado, Gordon Duguid.
"Vemos esto como un paso que el Gobierno sudanés debería tomar seriamente y responder de manera positiva para tratar de poner fin a la violencia en Darfur", indicó.
La orden de arresto internacional contra Al Bachir lo acusa de crímenes de guerra y lesa humanidad en la región de Darfur, si bien la CPI considera, en una decisión tomada por mayoría, no por unanimidad, que no hay pruebas para imputarlo por genocidio.
La negativa de las autoridades sudanesas a entregarlo hace que su comparecencia ante este tribunal todavía sea incierta.
Con efecto inmediato, la orden de arresto incluye siete cargos: cinco por crímenes de guerra, entre ellos exterminio, tortura y violación, y dos de lesa humanidad (ataques directos e intencionados contra la población civil y pillaje).
El conflicto en Darfur se desató cuando grupos insurgentes se levantaron en armas en febrero de 2003 contra el régimen de Jartum en protesta por la pobreza y la marginación que sufre esa región.
Desde entonces han muerto cerca de 300 mil personas y otros dos millones y medio se han visto obligados a abandonar sus hogares, según cálculos de la ONU.
En marzo de 2005, el Consejo de Seguridad de la ONU notificó a la CPI la situación en Darfur para que investigase presuntos crímenes de guerra cometidos en esa región sudanesa.
