Reconocido por el Trife como presidente electo bajo el estigma del "haiga sido como haiga sido", Felipe Calderón empezó a trazar, en octubre de 2006, la posibilidad de un golpe espectacular que lo asentara en el poder, a imagen y semejanza del "quinazo".
La alternativa ideal la planteaba el órgano desconcentrado Luz y Fuerza del Centro, ubicado como el patito feo de la estructura pública, dada su inoperancia, ineficiencia y nula productividad.
Así, se le pidió a un despacho especializado trazar una radiografía del organismo: sus puntos negros, sus debilidades, su insolvencia, en paralelo a plantear salidas de emergencia.
El documento derivó en su primera fase en un diagnóstico crudo de inviabilidad, en cuyo escenario jugaba un papel estelar el Sindicato Mexicano de Electricistas. De entrada, por ejemplo, se le culpaba a éste de impedir a la Comisión Federal de Electricidad generar energía eléctrica en su "territorio", lo que habría abaratado el suministro.
Luz y Fuerza generaba sólo 0.7% del total de energía en el país, comprándole a la CFE 98% de la que distribuye a 5 millones de usuarios.
El caso es que el organismo es propietario de parte del anillo de alta tensión de 400 kv del valle de México, lo cual no es congruente para una empresa de distribución. En aquel entonces Luz y Fuerza tenía una plantilla de 40 mil 757 trabajadores sindicalizados y 716 de confianza, con un total de 21 mil 865 jubilados, cuyos derechos sindicales, incluido el voto, están resguardados.
Estamos hablando del único sindicato con tal estatus.
El documento subraya que la estructura de la dirigencia sindical, comisionados de tiempo completo, es decir con goce de salarios, prestaciones y parcialmente gastos de representación, alcanza a 720 trabajadores, equivalentes a casi 2% de los activos, en un escenario en que el número supera siete a uno al personal de la Subdirección de Recursos Humanos, su interlocutor cotidiano.
Más allá, el SME mantiene 400 personas contratadas como dependientes para labores administrativas del sindicato, no obstante reciben prestaciones como integrados a la nómina del organismo, por ejemplo préstamos blandos.
En tiempo de elecciones o en la fase previa a la revisión del contrato colectivo de trabajo, el número de comisionados se eleva a 839, en un escenario en que se realizan asambleas y mítines de cientos de trabajadores en horas normales.
Firmado originalmente un contrato colectivo de trabajo en 1917 entre la Mexican Light & Power y el Sindicato Mexicano de Electricistas, cuya integración llegó tres años antes, éste se compone de 120 cláusulas principales y diversas transitorias. Además, se suman 500 acuerdos de trabajo y mil convenios departamentales que consigan derechos y prerrogativas adicionales.
De acuerdo con éste, el SME tiene la posibilidad de intervenir en la administración del organismo de manera exagerada, y se establece un rígido organigrama que desvincula a Luz y Fuerza de la realidad operativa, así como del desarrollo profesional de los trabajadores.
La cláusula dos, por ejemplo, establece que el organismo debe enviar al sindicato los proyectos anuales de presupuesto, programas de obras, inversiones y adquisiciones, además de estados financieros para que los apruebe.
Adicionalmente, la cláusula 10 obliga a la empresa a ejecutar funciones ajenas al negocio eléctrico, como talleres automotrices, de carpintería y construcción.
De acuerdo con las cláusulas 27, 28 y 32, el sindicato tiene control virtual sobre contrataciones y aun despidos. Existe, pues, poder de veto sobre sanciones, por más que del otro lado de la mesa, es decir cuando éstas las decide el sindicato, no hay opción de negociación.
En uno de los acuerdos anexos, en paralelo, se establecen hasta 2 mil 800 categorías en los 92 escalafones o grupos de trabajadores, subdividiendo actividades mediante una especificidad extrema, lo que dificulta la administración y los trabajos de capacitación por la constante rotación del personal.
En paralelo, el contrato colectivo impone sobrecostos vinculados a la realización de los trabajos y prestaciones que, de acuerdo con el documento, resultan en ocasiones ilógicas y muy superiores a las de industrias similares.
Así, la cláusula nueve establece que se debe pagar hospedaje y comidas a un trabajador que tenga que salir de su zona o vaya a partes lejanas a ésta.
De acuerdo con la cláusula 102, Luz y Fuerza del Centro debe entregar al Sindicato Mexicano de Electricistas 75 millones de pesos por concepto de gastos de contratación; casi 26 millones para fomento de actividades culturales; 3 millones para prorratearse entre jubilados, y adelantos de cuotas sindicales por 2.6 millones en junio para compra de artículos escolares. La suma alcanza 100 millones.
Además, LyFC está obligada a regalar 350 KWh mensuales a cada uno de sus trabajadores y jubilados, lo que representa más de ocho veces el consumo de energía para el alumbrado público de toda la capital del país.
Dictadura del proletariado. Naturalmente, en el escenario estuvo de un lado la exigencia sindical de más y más, pero del otro la debilidad del gobierno en ceder.
Quien se frota las manos para que la Suprema Corte de Justicia le dé la razón al Senado en la controversia constitucional que planteará sobre la presunta ilegalidad de la participación de gobiernos extranjeros en el capital de bancos nacionales es Santander.
Y no es, naturalmente, que el banco hispano le apueste a la eventual venta de Banamex, dada la presencia de la Casa Blanca en el capital de su matriz, el Citigroup. Se trata de su propio caso.
Como usted sabe, desde la época de Serfin, el Bank of America asumió 25% de participación, convirtiéndose, a la llegada de los españoles, es un socio incómodo. La intermediaria fue de las primeras en recibir una inyección de recursos del gobierno de Estados Unidos a cambio de capital.
De reivindicarse, pues, la irregularidad, Santander asumiría de inmediato el paquete como adquisición obligada.
¿Y LAS PÉRDIDAS? De acuerdo con la lógica de la Bolsa Mexicana de Valores, de gravarse, como lo plantea el Partido de la Revolución Democrática (PRD), las ganancias derivadas de operaciones bursátiles a tasa de 17%, tendrían que deducirse, en contraparte, las pérdidas que eventualmente se registraran.
Sin embargo, la fórmula no priva en los países en que se ha implantado el tributo, por ejemplo Estados Unidos, Francia, Inglaterra y España.
El problema, naturalmente, es implantar un registro sofisticado de las operaciones que permitan identificar las operaciones con lupa.
PREMIO "REYES PONCE" Este año el premio en honor del maestro Agustín Reyes Ponce que entregan egresados de Administración de Empresas de la Universidad Iberoamericana en su categoría empresarial, se otorgará a Olegario Vázquez Aldir y Gonzalo Araico Montes de Oca.
A su vez, en la categoría administración la premiada será Rosa María Barreiro, y Antonio Orta en la academia. En esta ocasión, en paralelo, habrá una distinción especial "honoris causa" para Lucía Millán Costabille, quien desde 1989 ha sido la gran impulsora de la presea.
