El tema es muy delicado. Tanto el presidente de la República como el procurador general han solicitado a los medios reflexionar sobre el impacto de las notas generadas en el combate al narcotráfico. Las reacciones encendidas advirtiendo sobre una posible andanada contra la libertad de expresión no tienen ningún fundamento. Basta con revisar los párrafos leídos por los servidores públicos para constatar el manejo muy cuidadoso de las expresiones tanto de Calderón como de Medina Mora. No hay ningún tipo de sugerencia o, peor aún, indicación de cómo deben los medios conducirse. Eso hubiera sido una afrenta a la libertad y a la democracia. ¿Cuál era la necesidad de entrar en un territorio tan minado? Hubiera sido mucho más sencillo evitar la discusión, porque al fin y al cabo esa es la sugerencia: debatir.
Quizá lo primero sería cuestionar si en verdad existe un problema real o es simplemente la sensibilidad de ambos personajes la que se encuentra alterada.
El asunto tiene dos vertientes, una verificable y la otra que depende más de información de tipo policial. Hablemos de la primera. Los medios están para informar y no deben callar nada por el ánimo de no conmocionar a la sociedad. Pero también es cierto que inducir una histeria colectiva no es su misión. La sociedad debe estar plenamente informada pero no se debe lucrar con el miedo.
Aunque en estos días nos parezca increíble los datos duros muestran cómo en la última década y media los homicidios dolosos en México han disminuido sensiblemente de 19 a 10 por 100 mil habitantes. Ya lo hemos comentado. Por supuesto que como país todavía estamos por arriba de la incidencia de los países campeones que van de 2 a 4 como los europeos, Canadá, Australia o Chile, pero estamos muy por debajo de Colombia 37, Venezuela 47 o Guatemala o El Salvador con 50. Los estudios del Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad nos muestran que hay entidades de la República que si son comparables en seguridad a esos países es el caso de Yucatán, Zacatecas, Querétaro entre otros. Seis entidades tienen 5 en promedio; 22 están por debajo de la media nacional. La mayor violencia, como lo dijo correctamente la canciller Espinosa, se concentra en tres o cuatro entidades, Sinaloa, Oaxaca, Guerrero y Chihuahua. Sin embargo la percepción nacional incluso en las entidades muy seguras está profundamente trastornada. ¿Qué se gana? Las terribles notas de enfrentamientos entre narcotraficantes, la gran mayoría, y también con las autoridades en todos los niveles, desde policías municipales hasta altos mandos del Ejército difundidas profusamente, mantienen a todo el país en vilo. Allí están las más recientes encuestas de Reforma entre otras. El punto delicado es que el narcoterrorismo busca precisamente ese objetivo. En una condición de histeria colectiva los ciudadanos son orillados a pensar que el Estado mexicano va a ser derrotado.
La conclusión, errónea pero entendible, es que para evitar esa derrota lo mejor sería que el Estado cediera a las fuerzas del narco. Hay un asunto de cantidad. Los espacios dedicados a la difusión de notas contrarias a la autoridad son mucho mayores que los dedicados a los logros del Estado.
Por supuesto vende más lo primero que lo segundo, pero al final del día se le hace un gran servicio a quien atenta contra el Estado mexicano. El brutal desequilibrio en los espacios merece reflexión, también la estrategia gubernamental para difundir logros.
No sabemos si la guerra contra el narco la vaya ganando el Estado, hay quien defiende el punto. Lo que es evidente es que en la percepción, en la opinión pública, la autoridad va atrás. Dado que estamos ante una estrategia de terror esos registros son un indicador central. Pero también está el problema de la forma de transmitir al lector, radioescucha o televidente la información. Anunciar que aparecieron mantas con amenazas es obligado.
Sin embargo transmitir los mensajes intimidatorios a decenas de millones de mexicanos es un gran logro de ellos. Las decapitaciones buscan generar miedo entre policías, miembros de las Fuerzas Armadas y la ciudadanía en general. No hay por qué sacar las imágenes de los cuerpos mutilados que siempre serán un terrible espectáculo que sacude a cualquiera. ¿Cuál es el límite? ¿Cuándo se deja de servir a la sociedad y se cae en el juego perverso de ayudar a sembrar terror?
Una faceta delicada del problema tiene que ver con el morbo latente en toda sociedad. Muy probablemente las malas noticias para el Estado como pueden ser las ejecuciones de grupos de policías o militares o las decapitaciones, sean atractivas para los grandes auditorios. Por lo cual los periódicos, las radiodifusoras y las grandes cadenas de televisión podrían haber resbalado en una competencia degradada y degradante.
Altos ratings que conducen a dedicar más tiempo a esas notas para que los competidores no salgan gananciosos. De allí la pertinencia de las expresiones del presidente Calderón y su procurador.
La salida a este dilema ético y profesional sólo puede provenir de los propios informadores que por cierto no viven en Marte y han sido víctimas sistemáticas de las bandas. Para poder seguir ejerciendo la libertad de expresión necesitamos que el terror no avasalle a la sociedad, que no rinda frutos, pues de no ser así se estará manteniendo un estímulo perverso.
El paso inicial es admitir el carácter inédito del asunto. Los actos de terrorismo en México nunca alcanzaron las dimensiones que estamos viendo. Ese carácter inédito obliga admitir que todos estamos aprendiendo con una salvedad, si nos equivocamos no sería una equivocación más, estaríamos atentando contra el Estado mexicano.
