En un acto insólito, dada su condición de minoría, la fracción panista en la Asamblea Legislativa bloqueó la posibilidad de luz verde a una legislación que le abriría la puerta a las demandas colectivas de usuarios frente a causas comunes
Estamos hablando, por ejemplo, de un todos para uno de industriales o amas de casa frente a la pésima calidad del gas natural que provee Petróleos Mexicanos, a cuyo efecto se abate la producción o se truenan las estufas.
Estamos hablando, más allá, de un reclamo común de afectados por la suspensión de vuelos de empresas como Aviacsa o en su momento Aerocalifornia o Air Madrid.
Lo inaudito del asunto es que la iniciativa de reforma a la Ley de Protección al Consumidor había sido dictaminada previamente por la Comisión de Justicia de la instancia legislativa local, es decir, estaba lista para llegar al pleno.
Se diría, pues, que la Asamblea Legislativa tomó la misma ruta que el Senado, quien congeló la alternativa a nivel federal, tras haber sido aprobada por la Cámara de Diputados, luego de un feroz cabildeo de empresas de todos sabores, colores y olores, bajo el argumento de que la posibilidad abriría un campo fértil para abogados sin escrúpulos.
Digamos que a la vera del río revuelto, los legisladores aprovecharían la presión para chantajear a empresas o entidades públicas en el banquillo, para engordar o adelgazar una posible indemnización.
Según ello, pues, México se subiría a la ruta de los países anglosajones, donde los agravios se canjean por dólares. Tanto por encontrar una tuerca en el envase de una bebida; tanto por que la lata de alimentos venía inflada; tanto por que la crema de belleza quemó la cara
Lo cierto es que el espíritu de la iniciativa planteada desde 2007 a presión de organizaciones de la sociedad civil como Al Consumidor y Alarba, habla de justicia, no de lucro, en un escenario en que la acción individual resulta imposible para el común de los consumidores, sea por costo o por falta de tiempo, dado lo farragoso de los procesos. Hete aquí, que de pronto, al fragor de la ira frente al monto de una boleta de predial, los propietarios de casas de la zona de Echegaray o Satélite del estado de México, se estrellan con un retobo del encargado de la ventanilla: ¿De dónde cree que sale para la campaña del gobernador Enrique Peña Nieto?
¿Habrá quién piense en una indemnización, pese a los litros de bilis derramada?
Lo cierto es que la alternativa se ha ejercido con gran éxito en la mitad de los países del Hemisferio, entre ellos Colombia, Brasil, Chile, Argentina, Perú, Costa Rica y El Salvador.
En ningún caso, hasta hoy, se han presentado contrademandas por abusos de los consumidores. En contraste, los gobiernos saben que tienen la guillotina frente a ellos, en caso de un mal servicio; un cobro desproporcionado, o una acción abusiva. Imagínese usted, por ejemplo, una acción colectiva frente a la permanencia indolente de un bache que provocó la rotura de centenares de suspensiones de automóviles.
Y, desde otro ángulo, naturalmente, la cancelación por parte de una televisora por cable del partido de futbol esperado; del canal que se incluía en el paquete de la señal, durante lapsos largos.
Y qué pero le encuentra a las fallas permanentes en el suministro de energía eléctrica por parte de Luz y Fuerza del Centro, a cuyo efecto se funden las máquinas de cómputo, televisores, lavadoras
Por lo pronto, la exposición de motivos de la iniciativa de reforma habla de que nuestro país se ha convertido en el paraíso de las prácticas comerciales abusivas, leoninas y usureras, todas ellas sistémicas y muy rentables para sus autores, avaladas por la regulación correspondiente.
¡Pácatelas!
Más allá, se hablaba de que las acciones colectivas permitirán integrar en una sola sentencia el interés en eventos de miles de consumidores afectados, en casos de indemnización por daños y perjuicios; de corrección de conductas por presunción de actos que pongan en peligro la seguridad, salud, economía y otros derechos fundamentales.
Lástima.
Colocado como uno de los principales asesores de la bancada panista, el ex senador Fauzi Hamdan Amad está planteando cuatro puntos para la reforma fiscal en puerta:
- Establecer un solo impuesto a la actividad empresarial a tasa única de 12%, eliminando los regímenes especiales que favorecen a las empresas productoras de alimentos y a las transportistas.
- Establecer un solo impuesto a las personas físicas a una tasa fija de 18% a partir del séptimo salario mínimo, con deducción de la base gravable de hasta dos salarios mínimos.
- Eliminar la tasa cero y la exención del Impuesto al Valor Agregado en alimentos y medicinas, fijándola en 2%, en tanto la general se ubicaría en 12%, otorgándole a las entidades federativas la potestad de gravar con un impuesto local a las ventas y servicios al consumo final con una tasa de 3%, cuya recaudación sería para ellas.
Para las personas físicas que obtengan ingresos por salarios, honorarios profesionales, arrendamientos de inmuebles o enajenación de éstos, la tasa se podría establecer en 2% y 5%.
- Establecer gradualmente derechos ecológicos estatales bajo el marco de la regulación federal conforme a las recomendaciones del Protocolo de Kyoto, cuyo derecho se complementaría con un mercado de bonos para reconocer y premiar a las empresas que avancen rápidamente en la reducción de la contaminación.
Ahora que la reforma se sustentaría en cuatro principios: ser simple; atraer a la inversión nacional e internacional; elevar los niveles de recaudación ampliando la base de contribuyentes, y fortalecer el gasto público social y en infraestructura.
MÁS BUROCRACIA
A contrapelo de las promesa de austeridad del gobierno federal, hete aquí que el cálculo de la Secretaría de Energía habla de crear 300 plazas para darle cuerpo a la recién constituida Comisión Nacional de Hidrocarburos.
De hecho, se está tratando de ubicar a la espesa burocracia en un edificio de la colonia Nápoles.
La instancia se creó como parte de la reforma energética aprobada por el Congreso.
Los primeros contratados bajo la figura de burocracia dorada fueron los cinco comisionados que integran el pleno, cuya actividad hasta hoy ha pasado de noche.
Los designados fueron Juan Carlos Zepeda, Javier Estrada, Édgar Rangel, Alfredo Guzmán y Guillermo Domínguez.
Condicionadas ventajas
Para Deborah Riner, las ventajas del déficit tienen condiciones.
"No estoy en contra del déficit gubernamental si el estímulo fiscal juega un papel contracíclico", matizó la economista en jefe de la Amcham durante su intervención en el foro.
La economista agregó que el incremento del déficit público también tiene repercusiones en los contribuyentes pues "tarde o temprano se paga".
Por lo que consideró pertinente vigilar la calidad en el ejercicio del gasto. En ese tenor, informó que en años electorales incrementa el gasto público.
Y además existe un subejercicio de los recursos en el gobierno federal, subrayó Marco Antonio Michel, presidente ejecutivo del organismo Políticas Públicas y Asesoría Legislativa. Para el presupuesto público de 2010 no habrá una omisión de 300 mil millones de pesos, como lo anunció la Secretaría de Hacienda, dijo en el foro Conformación de la 61 Legislatura. En realidad hay un subejercicio de 200 mil millones de pesos en el gasto que asigna el Congreso, destacó, por lo que de facto sólo hace falta recaudar 100 mil millones de pesos.
Mientras tanto, fue pesimista sobre la aprobación de una reforma fiscal integral en el Congreso para 2010.
Incluso, apuntó que el gobierno federal presentará solamente una miscelánea fiscal "tratando de jalar recursos".
