Reparto. La repartición de recursos más relevante que ha ocurrido en los últimos años entre dependencias, es la de más de 207 millones de dólares incautados a Zhenli Ye Gon en 2007. ARCHIVO
MÉXICO, DF.- En un hecho inusual, el Consejo de la Judicatura Federal presentó una demanda de amparo para obligar a que en sus sentencias los jueces y magistrados decreten el decomiso del 33 por ciento de los bienes de delincuentes, en favor del Poder Judicial de la Federación.
En el presente, si alguien es condenado en definitiva, los tribunales notifican el fallo al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de la Secretaría de Hacienda (SAE), para que éste ingrese los recursos del sentenciado a las arcas de la Tesorería Federal.
Luego, el Poder Ejecutivo procede a la repartición en partes iguales entre la PGR, la Secretaría de Salud y el Poder Judicial Federal, conforme lo dicta el Artículo 182-R del Código Federal de Procedimientos Penales.
La misma norma, en su apartado 182-Q, menciona que la autoridad judicial podrá decretar en la sentencia del proceso penal, el decomiso de bienes, excepto los que causen abandono; no obstante, no obliga a los juzgadores a precisar quiénes serán los beneficiarios. Por este motivo, hace unos días el director general jurídico de la Judicatura, Enrique Sumuano Cancino, presentó un amparo contra una sentencia en la que reclama que un tribunal debe apartarle al órgano judicial la tercera parte de un decomiso de 609 mil 530 dólares.
El asunto que da origen a esta demanda, es el de Leonardo Rodríguez Jiménez y Alberto González García, detenidos por la AFI en febrero de 2008 en el estacionamiento del Museo de Antropología e Historia, en el DF, con un vehículo en el que llevaban la suma mencionada.
Contra esta última resolución, se inconformó el Jurídico del CJF e interpuso el amparo 17/2009 ante el Primer Tribunal Unitario Penal del DF, para obligar a que este órgano establezca con precisión que la tercera parte de los más de 600 mil dólares deben ir a la Judicatura.
