Denuncia. La CNDH denunció que el Ejército, en su lucha contra los cárteles de la droga, tortura a las personas que son detenidas.
La CNDH denunció torturas a detenidos por el narcotráfico.
MÉXICO, DF.- La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) denunció que el Ejército, en su lucha contra los cárteles de droga, tortura a las personas que son detenidas por sus supuestos vínculos con grupos criminales.
"En la medida en que se ha intensificado el uso del Ejército en labores policiacas, hemos observado un mayor número de quejas de violaciones a derechos humanos de las Fuerzas Armadas", afirmó el segundo visitador de la CNDH, Mauricio Ibarra.
La mayoría de casos se refiere a "detenciones arbitrarias" y "trato cruel" de los detenidos.
Según Mauricio Ibarra, los arrestados, sobre todo los que son capturados en delito flagrante, "son llevados a los cuarteles militares, donde los someten a interrogatorios, con técnicas que por supuesto son contrarias a los derechos humanos y posteriormente los llevan a las agencias del Ministerio Público", dijo.
En ocasiones, comentó, el tiempo transcurrido entre la detención y el traslado a la agencia del Ministerio Público ha llegado a ser de doce horas.
Entre los métodos de torturas denunciados se encuentran descargas eléctricas en distintas partes del cuerpo, la colocación de astillas de madera en las uñas de los pies o palizas a personas que son envueltas en mantas para no dejar rastro del abuso.
Las torturas han podido ser corroboradas gracias a la comparación de los exámenes médicos que los militares realizan a los arrestados al llegar al cuartel, en los que aparecen en buenas condiciones físicas y los que realiza el Ministerio Público, en los que aparecen excoriaciones, contusiones y otras lesiones.
"¿Cómo el Ejército, que está destinado a preservar la seguridad nacional, está siendo utilizado para algo que no está previsto?", preguntó.
La única institución autorizada para decidir detenciones, recordó, es el Ministerio Público, al que deben subordinarse las Fuerzas Armadas, según dictaminó la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 1997.
