Ante el arraigo de los cuatro presuntos secuestradores y homicidas de un empresario regiomontano, la Secretaria de Defensa Nacional (Sedena) no ha podido aclarar la situación de los integrantes de la banda, que al parecer son activos del Ejército.
Aclaración pendiente
Luego del desmantelamiento de la banda de secuestradores y asesinos, que integraban Ubaldo Gómez Fuentes teniente del Ejército, adscrito al 33 Batallón de Infantería, Carlos Osvaldo Navarro Valdez, “El Niñote”, María de Jesús Guerra Díaz, odontóloga de profesión conocida como “la Doctora”, y Carlos Ernesto Palacios Quintero, quien tiene antecedentes penales por lesiones, la Sedena no aclarado la situación laboral de “El Uva”, mucho menos señalar a que estaba asignado.
El pasado lunes, desde la captura de Gómez Fuentes, conocido también como “El Uva”, en el estacionamiento del Centro comercial Galerías, ubicado al norte de Torreón, se reportó que pertenecía a la Inteligencia Militar, pero no fue confirmado por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).
Sin embargo, la investigación que lleva la Procuraduría a través de la Dirección General de Investigación del Secuestro y Delincuencia Organizada del Estado determinó que esta banda de plagiarios está integrada por otros dos hombres, conocidos como “El Mayo” y “Ramiro”, ambos oficiales del Ejército, al igual que Ubaldo Gómez Fuentes, y que lograron evadir a la justicia durante dos meses, luego del secuestro el regiomontano Rodolfo Alanís, ocurrido el pasado 9 de noviembre, cuando él realizaba un viaje a esta ciudad.
Sólo por secuestro
A pesar de que en la Procuraduría se acusó a la banda por secuestro y homicidio, debido a que “El Uva” declaró que al negociar el rescate por cinco millones de pesos mataron a balazos al empresario para luego calcinarlo y abandonar sus restos a la altura de “El Cerro Bola”, del municipio de San Pedro, en la autopista Torreón-Saltillo, el Ministerio Público solicitó el arraigo al juez primero penal por el delito de secuestro. Asimismo, ayer por la mañana, se conoció que el Ministerio Público solicitó al juez el cateo de un bazar, donde los plagiaros empeñaron un reloj de la víctima.
