Tras meses de negar la realidad, el Gobierno Federal -a través de Agustín Carstens, secretario de Hacienda y Crédito Público- aceptó las críticas condiciones en las que se encuentra el país y, particularmente, las finanzas públicas: "México enfrenta el "shock financiero" más grande en 30 años", lo cual obliga -ahora sí-a tomar medidas extraordinarias.
Así a la recesión económica hay que sumarle la crisis de las finanzas públicas y, lo peor, sin siquiera haber podido aplicar las tímidas medidas contracíclicas. De acuerdo a Carstens, en este año el déficit alcanzará los 480 mil millones de pesos, equivalente al 4% del Producto Interno Bruto y, en 2010, sumará otros 300 mil millones de pesos, es decir, 780 mil millones en dos años, que equivalen al 6.5% del PIB.
Dicho faltante era previsible, se conjuntaban tres caídas: en la producción petrolera -de 800 mil barriles diarios en lo que va del sexenio-; en los precios del crudo; y en la recaudación fiscal -no petrolera- como consecuencia de la menor actividad económica.
Así mientras hubo recursos en las arcas públicas, éstos no se aprovecharon eficazmente para impulsar la actividad económica o crear fondos de contingencia. Los cientos de miles de millones de pesos que el país recibió por los excedentes petroleros se dilapidaron en apaciguar los reclamos de los gobernadores, sin conciencia de la inevitable caída; únicamente en 2008 -de acuerdo Carstens- se recibieron 100 mil millones de pesos de excedentes, de los cuales se ahorraron 24 mil millones y el resto se repartió.
Chile, otro país latinoamericano, vivió una situación muy similar por el cobre. La edición de la semana del 6 al 12 de agosto de la publicación El Semanario, señala que entre 2003 y 2008, en Chile, los ingresos tributarios crecieron a una tasa acumulada del 120% mientras los egresos lo hicieron justo a la mitad: 60%. En contraste, en el caso mexicano, en el mismo lapso, los ingresos crecieron 78.9% y el gasto programable, 81.8%. A lo largo de estos años, México presumía el déficit cero en las finanzas públicas; Chile, tenía superávit y así ahorró para soportar los déficit cuando se requiriesen para suavizar los ciclos económicos.
El resultado: en Chile tenían suficientes recursos para aplicar una eficaz política contracíclica y contuvieron la caída del PIB en 1%, durante 2009; en México, hay que recortar el presupuesto, ya aprobado por el Congreso, soportar un déficit fiscal de aproximadamente 2% y, además, enfrentar una contracción del PIB de entre 6.5 y 7.5%.
Pero ahora viene el peor problema: cómo enfrentar la crítica situación fiscal y económica. Recurrir simplemente a la contracción del gasto conduce a agudizar los ciclos económicos y depender exclusivamente del factor externo para poder revertirlo; en consecuencia, la alternativa indica que hay que recurrir a dos remedios satanizados en México: déficit fiscal y deuda pública.
Además la catástrofe evidencia la imperante necesidad de una reforma fiscal integral, esa que se pospone una y otra vez y que en 2006 se redujo a la implantación del Impuesto Empresarial de Tasa Única y el Impuesto a Depósitos en Efectivo, cuyos impactos han sido menores a los pronosticados, a pesar de la defensa que de los mismos hizo Carstens.
Así el remedio pasa por tres vertientes: déficit fiscal, deuda pública y una reforma fiscal, pero en México, éstas se manejan más como arma política-electoral que como un instrumento de política económica y, por lo mismo, la economía mexicana resiente las consecuencias.
Y el manejo de la tasa general del IVA lo evidencia: en 1983, en medio de la segunda crisis económica sexenal la tasa general aumentó de 10 a 15%; en 1991, en medio de la privatización salinista, la redujeron al 10%; pero Zedillo, tuvo que volver a subirla en 1995.
El PRI (que aprobó el incremento con el voto en contra de toda la oposición) resintió particularmente los efectos electorales de este último incremento en las elecciones intermedias de 1997, cuando por primera vez en su historia perdió la mayoría en la Cámara de Diputados. Y la nueva mayoría opositora aprobó, en diciembre de 1997, una reforma para disminuir la tasa al 10%; ésta fue bloqueada por la mayoría priista en el Senado.
En 2000, una de las primeras propuestas de Fox fue el aumento de la tasa al 15%, iniciativa que fue rechazada por la mayoría opositora, ahora al PAN; Fox, lo intentó nuevamente en diciembre de 2003, con un alto costo político para él y para la entonces priista, Elba Esther Gordillo, que fue destituida como coordinadora de la bancada tricolor.
Y, hoy con una economía en recesión, finanzas públicas maltrechas y una mayoría opositora consolidada en la Cámara, el tema de una nueva reforma fiscal nuevamente está sobre la mesa. Pero además las propuestas gubernamentales (entre otras, implantación de la tasa única en el Impuesto Sobre la Renta) son muy diferentes a las que los tricolores pueden apoyadar; las posiciones están muy distantes y los priistas (cuyo apoyo es indispensable) ya pagaron una vez el costo electoral de aumentar los impuestos y no están dispuestos a hacerlo otra vez. Menos cuando quien puede, eventualmente, capitalizar una reforma fiscal que grave a todos por igual es el alicaído PRD y sus aliados, que seguramente se opondrían a la misma.
Así el Gobierno calderonista enfrenta una encrucijada sin alternativa favorable.
