México ha venido sufriendo desde hace tiempo una constante caída en sus niveles de ocupación. El desempleo actual es del orden de 4.76% de la población económicamente activa. Cada año requerimos crear al menos un millón de nuevos empleos, pero ello ha sido lamentablemente inferior a esta necesidad. Este año, se calcula que sólo abriremos 160 mil puestos de trabajo.
No sólo se ha interrumpido el ritmo desarrollo sino que se ha puesto en juego la estabilidad social del país.
La crisis financiera mundial cerró la válvula de escape que desde siempre han significado los Estados Unidos para cientos de miles de nuestros trabajadores sin otra perspectiva. Así, quedamos atenidos a nuestras propias fuerzas y recursos.
De seguirse ensanchando la brecha que separa a los más ricos de los más pobres la guerra contra la pobreza se perderá. No hay duda de que la solución se encuentra en la educación, la formulación de políticas estructurales para el campo y en la industria. Urge un programa para sembrar polos de desarrollo en todo el territorio nacional. Pero aún suponiendo una acción inmediata en estas áreas los resultados en términos tangibles en creación de empleos no se sentirán de inmediato. Mientras tanto el deterioro en los niveles de vida populares seguirá de frente.
El desarrollo es tan urgente y prioritario como cualquier otro programa de estado. Implica la seguridad nacional, asunto con el que no se vale jugar. No es negociable y ningún tratado o acuerdo lo debe entorpecer o trabar. El desarrollo es un derecho tan calificado como el de la salud o la educación, que por cierto, de él dependen. Es aquí donde aparece una clara y directa relación con el comercio exterior que es dinamo para la creación de puestos de trabajo y defensor del nivel de ocupación ya obtenido. Por el contrario, un comercio exterior mal entendido o mal administrado es un enemigo en casa tan destructivo como cualquiera conjura que afecte la capacidad competitiva del país.
Hay países que lo entienden y otros como el nuestro, que aún someten sus intereses y prioridades más básicos a conceptos abstractos y ahora, más que nunca, inoportunos. Algunos países prefieren apoyar a sus obreros y los puestos de trabajo que tienen en vez de lanzarlos a la calle y abandonarlos a ser triturados por insensibles intereses internacionales.
Hace a penas unos días el sindicato norteamericano de los trabajadores siderúrgicos (USW) pidió a las autoridades de su país la imposición de cuotas restrictivas a la importación de llantas chinas que desde hace dos o tres años venían entrando al mercado a precios injustificadamente bajos. Una pérdida de miles de empleos fue el resultado de esta situación que hay que detener. Las autoridades de la Comisión Internacional de Comercio de Estados Unidos han dado entrada a la petición. Deben resolver en un máximo de 60 días y para septiembre próximo el presidente Obama tiene que aceptar o rechazar la recomendación que se emita.
En México la cuestión es diferente. La única protección que nuestra Secretaría de Economía ofrece a una empresa o industria, amenazada o ya dañada por una competencia exterior desleal, es iniciar un proceso intolerablemente largo y complicado en que la empresa debe documentar fehacientemente el daño ya sufrido en términos de suspensión de ventas, despidos de trabajadores, paros en producción o bien comprobar de alguna manera que esto tiene que ocurrir. El proceso, es prolijo, detallado, complejo en documentación y estadísticas que hay que recabar. Además de prolongado, es muy costoso y fuera del alcance de empresas medianas o pequeñas.
Es un hecho conocido la presencia desde hace tiempo de importaciones de llantas asiáticas a precios artificialmente bajos en el mercado mexicano. Los daños que ya provocados son paros técnicos de operación y despidos.
La reticencia de la Secretaría de Economía a poner pronto y eficaz remedio y controlar las importaciones se funda en el mal entendido compromiso que México asumió en la OMC, entidad internacional que sucedió al GATT, de respetar en todos sus detalles una total libertad de comercio internacional. Este rígido compromiso, traducido en la guerra contra el proteccionismo que la crisis mundial actual ha puesto de moda, fue refrendado recientemente en Londres por México, miembro del Grupo de los 20.
India, que también es miembro del G 20, no tuvo dificultad en imponer el año pasado restricciones a la importación de llantas chinas. Fijó precios de referencia para impedir subfacturaciones, estableció un arancel compensatorio "antidumping" y reestableció el requisito de permiso de importación que no se extiende a importadores comerciales, sino sólo a plantas automotrices.
Estados Unidos, que también es miembro del Grupo de los 20, no vaciló en condicionar hace unas semanas sus billonarios apoyos de rescate financiero con la cláusula ""compre americano", preferencia por lo suyo que México hace muchos años dejó de defender.
México sigue relegando la suerte de sus trabajadores afectados por la competencia inaceptable de artículos extranjeros sólo por darse el gusto de reportar a la OMC la satisfacción que siente en respetar a pie juntillas reglas de juego que los demás no siguen. Insiste en negarse a establecer reglas que impongan la obligación de preferir hecho en México.
La independencia de un país se expresa cuando hay que hacer valer frente a la comunidad internacional, sus prioridades más importantes. La del desarrollo económico de su población es una de ellas.
