Plantearse el pasado por destino es un absurdo. Lo es, pero algo de eso vive el país que, en un reparo y un relincho de la élite política, podría irse para atrás.
Puede entenderse cierta regresión cuando una adversidad imprevisible e incontrolable desbarranca a un país y lo devuelve a estadios inferiores. Sin embargo, esa circunstancia resulta inaceptable cuando desde el mismo poder se desprecia el futuro y se mira el pasado como puerto de refugio.
En grandes y pequeñas manifestaciones políticas, provocadas sin querer o generadas adrede, el horizonte nacional se mira estos días en el espejo retrovisor y no en el parabrisas del país.
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Un día sí y otro también se registra algún suceso con sello regresivo.
Esos acontecimientos son de la más variada índole. La consolidación de la cultura de transparencia y rendición de cuentas encuentra cada vez más resistencia o, dicho de otro modo, cierta tendencia a reconvertir lo público en privado. El cinismo y la impunidad política igualmente recuperan terreno. El doblegamiento de las instituciones ante el peso y la presión de actores y factores reales de poder es cuento de no acabar y, lo peor, frecuentemente la autoridad -cualquiera que ésta sea- se inclina por llegar a un mal arreglo antes de hacer valer el Estado de Derecho. El desprecio por la atención y el cuidado de los derechos humanos es otra muestra de esa tentación por dar marcha atrás.
Así, sin minusvalorar ni descontar las adversidades que amenazan con desbarrancar al país, hay acciones manifiestas -y eso es inaceptable- para regresar al pasado. Ante esas acciones, la ciudadanía debe mostrar los dientes con muchísima mayor enjundia. Así, sea ante el partido, el precandidato o el político de su preferencia. El punto no es determinar quién lo hace más o quién lo hace menos, sino sencillamente impedir que se haga.
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Ese deslizamiento está abriéndole la puerta a un pasado que, sin haber sido plenamente remontado, de ningún modo puede constituirse en un destino.
Esa tentación de mirar el pasado como futuro posibilita la reedición de una subcultura política que, por lo demás, aun deseándola, no puede repetirse porque sus referentes están pulverizados. Sin embargo, el solo intento de reponerla puede superar el costo que, en su época de oro, le significó al país.
Tal regresión posibilita que, por lo pronto, sin el menor pudor, se protagonicen actos como los encabezados por Joaquín Gamboa Pascoe en la última quincena. El dirigente sale de la ultratumba del movimiento obrero corporativista y, con el beneplácito presidencial, es ungido como presidente del Congreso del Trabajo y, a la semana siguiente, sin mediar siquiera el simulacro de una asamblea formal, resulta "reelecto" como dirigente de la Confederación de Trabajadores de México, cuando ni siquiera fue electo la primera vez. ¡Ahora, hasta 2016, Gamboa Pascoe tendrá cuerda en su ostentoso reloj para encabezar un movimiento paralizado y cuyo edificio semeja más un mausoleo que una central obrera!
Tal regresión posibilita que la lideresa vitalicia del magisterio tome a la Presidencia de la República como la oficialía de partes que recibe sus demandas anuales, borrando de la interlocución a la secretaria de Educación Pública y convirtiendo al jefe del Ejecutivo en el socio y aliado obligado a corresponderla. Tal gala de poder sólo la explican los negocios electorales paragubernamentales con el partido de Elba Esther Gordillo. Negocios que, como en los viejos tiempos, anteponen el interés grupal al nacional y confunden la estructura con la coyuntura.
Tal regresión posibilita que como antes, por la puerta de atrás, el Gobierno canjee el "ahorro" de recursos públicos en los spots electorales aumentando el gasto de la publicidad oficial para aliviar el malestar de las grandes televisoras. Obviamente ese canje se presenta de otro modo, pero en la sustancia doblega a Gobernación, debilita al Estado y repite un esquema que precisamente se quería remontar.
Tal regresión posibilita que un día los consejeros electorales suplanten la ley con un acuerdo con las televisoras y perdonen una sanción, pero otro día hagan valer la ley para beneficiarse de la homologación de su sueldo al de los ministros de la Suprema Corte y, luego, al día siguiente al sentir la presión social, ratifiquen la ley aunque declinen, por ahora, el beneficio económico que les depara.
Tal regresión posibilita la reedición de "las gacetillas" pero, ahora, televisadas. Aquella práctica viciosa donde los gobiernos confundían manifiestamente la información con la propaganda, engañando a la sociedad y sujetando a control, por la vía de convenios de publicidad disfrazada, a los medios de comunicación.
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Un día sí y otro también el pasado nos visita y, si bien eso es lamentable, ahora aflora algo todavía más peligroso: la tentación del Gobierno y su partido por politizar el combate al crimen organizado.
Siendo precisamente el Gobierno quien reclama no politizar ese asunto, la declaración del secretario de Economía, Gerardo Ruiz Mateos, señalando que de no combatir a los narcotraficantes el próximo presidente de la República podría ser uno de ellos, no puede tomarse como un desliz o un disparate. Fuera de duda está la falta de experiencia de ese funcionario, pero considerando que los secretarios de Estado traen la lengua sujeta a Los Pinos, el dicho de ese funcionario puede resultar mucho más que un error. Oyó la tonada, pero no se aprendió la letra.
Obliga a pensar eso el que, días después de aquella declaración, el dirigente de Acción Nacional, Germán Martínez, lance el mismo dardo, pero con dedicatoria al Partido Revolucionario Institucional. Ambos pronunciamientos, uno dicho con torpeza y otro exclamado sin inocencia, apuntan en la misma dirección: politizar el combate al crimen, implicando al principal partido opositor.
Esa tentación no es nueva, era un viejo ardid precisamente priista: usar los grandes problemas nacionales como ariete para golpear al adversario que, en este caso, trae electoralmente contra la pared al partido en el Gobierno. Pero politizar la crisis de seguridad en temporada electoral nos pone en riesgo, entraña un peligro. Es echar mano de un recurso viejo, en medio de una situación inédita donde la violencia criminal también juega sus propias cartas.
Ahí el país se puede desbarrancar y resulta inconcebible que ese juego sea premeditado precisamente desde el poder.
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La evidente caída de Acción Nacional en las preferencias electorales -10 puntos en el último bimestre- y el ascenso del Revolucionario Institucional -cinco puntos en el mismo periodo (ver la encuesta de Reforma, publicada el lunes pasado)- hablan de un partido en el Gobierno tremendamente emproblemado.
Acción Nacional y el Gobierno encaran un fuerte desafío en el frente electoral, económico y criminal. La desesperación no puede llevarlos a la tentación de mezclar esos frentes para ver qué pasa, la respuesta es conocida: se puede desbarrancar el país. Y también puede provocar un absurdo, intentar echar mano del pasado terminaría, valga la expresión, por nulificar la elección porque la diferencia entre el albiazul y el tricolor sería imperceptible.
