Ante la difícil situación que enfrenta nuestro país, en la que se conjuntan enormes retos derivados de factores internacionales e internos, entre los que destacan los rubros de la economía y seguridad pública, la lucha por el poder que tiene cegada a nuestra clase política se erige en la peor amenaza.
Lo anterior porque nuestra frágil democracia ha derivado en una crisis política que entorpece el funcionamiento de nuestras instituciones y paraliza las reformas estructurales que requiere la nave del Estado Mexicano para navegar en las aguas del Siglo Veintiuno.
El Poder Ejecutivo se ha convertido en una especie de rehén de la Oposición que desde sus posiciones en el Congreso y en las Gobernaturas de los Estados impide el avance del país, lo que de esta suerte convierte al conjunto de los mexicanos en rehenes de la situación resultante.
El crecimiento del poder de la Oposición en Congreso y Gobiernos de los Estados a costa del espacio de maniobra del Presidente de la República, no va aparejada a una responsabilidad compartida y proporcional.
Mientras al Ejecutivo se atribuye la responsabilidad de la recaudación de impuestos desde la Iniciativa de la Ley de Ingresos hasta el cobro efectivo en las cajas recaudadoras de la Secretaría de Hacienda, Diputados y Senadores de Oposición se han negado sistemáticamente a plantear una reforma fiscal a fondo, que permita dotar al Estado de recursos suficientes, para hacer del Presupuesto de Egresos una herramienta de crecimiento económico.
Al propio tiempo, los gobernadores de los Estados convertidos en reyezuelos que en los últimos tiempos han recibido participaciones de recursos federales como nunca, no rinden cuentas a nadie, son incapaces de generar su propio sistema recaudatorio y encima se comportan frente al Gobierno Federal como auténticos limosneros con garrote.
Al igual que la malograda reforma fiscal, han sido desechadas por la Oposición una a una todas las propuestas presidenciales tendientes a lograr reformas en materia laboral, sindical, educativa, administrativa, etcétera, pues la anterior Legislatura en la Cámara de Diputados no ofreció más frutos que una reforma apenas decorosa en materia de pensiones, una pobrísima reforma en materia energética del todo insuficiente para compensar el bajo nivel al que han caído nuestras reservas petroleras y una contrarreforma electoral que puso de reversa el tránsito a la democracia plena.
Es cierto que al presidente y a su equipo corresponde trabajar en pos de los acuerdos que permitan el consenso con la Oposición, pero la experiencia de los últimos años enseña que dicha Oposición no está dispuesta a impulsar los cambios que permitan al país salir adelante y por el contrario, apuestan a la parálisis y al fracaso del Gobierno de signo partidista diverso.
De poco sirve tener un presidente elegido por el pueblo que en el mensaje dirigido a la nación en ocasión de su Tercer Informe de Gobierno muestre una brillante lucidez respecto al diagnóstico a nuestra problemática y en cuanto al camino a seguir, si el conjunto de la Oposición sigue apostando al crecimiento de la pobreza como infraestructura y plataforma de lanzamiento político y al fracaso de la democracia como alternativa para volver al poder.
La responsabilidad de la Oposición que hace mayoría en el Congreso es clave y determinante para seguir adelante.
El tiempo dirá si dichas fuerzas políticas apuestan al cambio que beneficie a las mayorías o a sostener un estado de cosas en las que cada cual, desde partidos políticos y sindicatos nacionales de burócratas, hasta gremios de vendedores ambulantes y franeleros de las calles y banquetas de nuestras ciudades, reclaman su parcela de poder a costa del interés colectivo.
