Se ha hablado mucho en estos días de deudas y de hoyos financieros. Volvamos la vista a 1810.
En años en que "la burocracia política había crecido considerablemente" (según testimonios de la época), hubo una fuerte discusión basada en la suma destinada a los festejos con que se habría de recibir al Virrey Venegas, que desembarcó en Veracruz pocos días antes de que estallara la lucha de independencia.
Los legisladores locales (el cabildo de la Ciudad de México) deseaban echar la casa por la ventana, lo que no era bien visto por parte de los peninsulares, pues eso se traducía en menos ingresos a un Estado que entonces se encontraba en serios problemas con la invasión de los franceses.
La Corona había establecido miles de trabas legales que impedían la consolidación y ampliación del sector productivo interno. Si bien los decretos contra industrias que compitieran contra las españolas "se multiplicaron hasta el exceso", estas prohibiciones no siempre se cumplían. Prueba de ello es que, a pesar de sus empeños en demostrar la prohibición legal de cultivar viñas, el filósofo y teólogo Miguel Guridi y Alcocer poseía un rico viñedo.
También es interesante saber que la deuda pública y la historia profunda se entrelazan...
A principios del Siglo XX, amparada en un documento firmado por Hidalgo casi cien años antes, la señora Ana Galván, joven viuda del último descendiente de Mariano Abasolo, gestionó el reconocimiento y pago de una fuerte cantidad de dinero como parte de una deuda pública contraída por el Cura durante la lucha de Independencia.
Las gestiones, dirigidas por los señores Luis G. Lizardi y Luis G. Labastida, terminaron en el pago de la deuda por parte del gobierno de Porfirio Díaz.
No es el único caso: en 1822, la señora María Antonia Morelos pidió al entonces emperador Agustín I una pensión en recompensa de los servicios prestados a la patria por su hermano, derecho que también fue reclamado por Juan Nepomuceno Almonte, hijo natural de Morelos producto de sus amores oscuros con la señora doña Brígida Almonte.
Meses más tarde, la señora María Victoriana Bretadillo se presentó ante el mismo emperador con seis documentos que la acreditaban como la viuda de Juan José Martínez, alias El Pípila, a solicitar una indemnización por parte del Gobierno.
De hecho, un decreto presidencial del 19 de julio de 1823 ordena otorgar pensiones a los padres, mujeres e hijos de Miguel Hidalgo, Ignacio Allende, Juan Aldama, Mariano Abasolo, José Ma. Morelos, Mariano Matamoros, Leonardo y Miguel Bravo, Hermenegildo Galeana, Mariano Jiménez, Francisco Javier Mina, Pedro Moreno y Víctor Rosales.
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