El presente año ofrece a los coahuilenses una doble actividad electoral, porque en su transcurso tendrán lugar tanto los comicios federales para renovar a la Cámara de Diputados al Congreso de la Unión, como los estatales tendientes a elegir Ayuntamientos.
Lo anterior deriva por una parte de que las elecciones de presidente de la República y gobernador de tiempo atrás se han venido realizando con una diferencia de un año, con el añadido de que a partir de las elecciones de dos mil cinco, por primera vez surtió efecto una reforma a la Constitución del Estado que prolongó el período de gobierno de los ayuntamientos de tres a cuatro años, lo que generó un desfase de las elecciones intermedias de diputados locales y las que corresponden a presidentes municipales que en otro tiempo se realizaban en forma simultánea.
En resumen, los coahuilenses tenemos que afrontar elecciones federales cada tres años y en otra frecuencia, elecciones locales de gobernador cada seis años, de diputados al Congreso Local cada tres años y de Ayuntamientos cada cuatro años.
La multiplicación anárquica de los procesos electorales en Coahuila tendiente a integrar los órganos de autoridad en los tres niveles de gobierno, nos ha llevado al absurdo de tener elecciones en nueve de cada doce años.
El promotor y beneficiario del aberrante sistema en comento es el capítulo local del Partido Revolucionario Institucional, que al verse derrotado en las elecciones presidenciales del año dos mil, se dio a la tarea de generar los instrumentos que le han permitido recrear a nivel local el viejo sistema de Partido de Estado corregido y aumentado.
Parte de esta estrategia de ingeniería institucional para retener el poder político en Coahuila, se resume en un sistema electoral premoderno que mantiene al régimen de Procesos Electorales y al Instituto Estatal Electoral bajo control del gobierno priista en turno.
A cuenta de ello se mantiene una estructura clientelar que se nutre de la nómina burocrática y de los programas sociales de ayuda a los pobres, que de esta manera se les utiliza como materia prima del control político y carne de cañón electoral. Es evidente que con semejantes criterios que favorecen la deliberada generación de pobreza como instrumento de control político, nuestro país jamás saldrá del subdesarrollo.
La constante de las elecciones somete a la sociedad coahuilense a un continuo bombardeo propagandístico y de confrontación de pésimo nivel, que deriva en hartazgo de las clases medias y en la consecuente deserción cívica y abstencionismo en las urnas.
Con los inmensos recursos que destina el sistema priista al gasto político y al control de la nómina, le basta para mantener en pie de guerra a una clientela electoral del veinte o veinticinco por ciento del total del padrón que en un escenario abstencionista es suficiente para obtener mayoría a niveles de conseguir “carro completo”, como ocurrió en las pasadas elecciones locales del mes de octubre.
Claro que no todo es culpa del Gobierno priista. Son responsables los partidos de Oposición que han sido omisos de hacer su tarea y somos responsables los ciudadanos en virtud de nuestra abulia en este y otros rubros de la vida pública.
Podríamos empezar con una movilización ciudadana que con o sin la concurrencia de los partidos de Oposición, exija y obtenga del Gobierno de Coahuila que al menos los dos comicios previstos para este año, para elegir diputados federales y Ayuntamientos, se celebren en forma simultánea en un solo y único proceso.
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