Calificado por tirios y troyanos como improvisado, el aún flamante secretario de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Horcasitas, tendrá una prueba de fuego para calibrar su temple: la respuesta frente a la exigencia de la cadena MVS de refrendar concesiones
Estamos hablando de las que posee la familia Vargas en la banda de 2.5 a 2.7 megahertz, por mucho la más codiciada en el mercado, con sede en Monterrey y Guadalajara.
De optar el funcionario por atender favorablemente la solicitud realizado en tiempo y forma por la cadena de televisión de paga, se enfrentaría a la ira de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, cuya mayoría del pleno ha tomado el rechazo casi casi como bandera.
De plantear lo contrario, es decir rechazar la pretensión, se le acusaría a su vez de favorecer los intereses de Televisa, en un escenario en que las frecuencias serían entregados a las empresas de Televisión por cable que domina la que encabeza Emilio Azcárraga Jean.
La encrucijada habla a gritos de la coptación en que se ubica la autoridad frente a los intereses que regula, en cuya pelea están la propia televisora y Teléfonos de México.
El que no está conmigo está contra mí. Del tamaño de la guerra habla la presentación por parte de MVS de una denuncia penal contra el presidente de la Cofetel, Héctor Osuna, y dos de los vocales que integran el pleno: Ernesto Gil Elorduy y José Luis Peralta.
Los cargos hablan de haber revocado una resolución previa por la que se había aceptado la posibilidad del refrendo de las 60 frecuencias que representan el 20 por ciento de las otorgadas a MVS, bajo el alegato de que están siendo subutilizadas.
De hecho, el titular de la instancia reguladora declaró hace unos días que se requería "eficientar la red", por más que en el planteamiento original se había hablado de que MVS ya concentraba demasiada ancha banda, lo que no resulta sano para la competencia.
El caso es que en su solicitud de refrendo la televisora habló de una sociedad con la firma internacional Clearwire Corp para ofrecer servicios de transmisión de datos y video en forma simultánea.
La apuesta sería de 100 millones de dólares.
La posibilidad hablaba de Internet inalámbrico, en aprovechamiento pleno de la red.
La presunción, sin embargo, habla de que el brusco cambio de señales obedeció a la alianza que la firma de la familia Vargas realizó con Teléfonos de México de Carlos Slim Helú y con la firma Dish México, para ofrecer televisión de paga al gran público.
El papel de Telmex sería facilitar el cobro a los usuarios vía la inclusión del cargo en los recibos telefónicos.
Del tamaño de la ira de los cableros ante la sorpresiva competencia, habla una denuncia sobre una supuesta violación de la firma telefónica al título de concesión con que opera.
Se diría, pues, que el round para Telmex habría que equilibrarlo golpeando a los bajos de su socio, al que se le ve con agallas de jugar cuando le den la concesión para operar en servicio de video, es decir el llamado triple play.
Por lo pronto, al margen de las denuncias penales contra los funcionarios de la Cofetel, MVS ha interpuesto tantos amparos como concesiones pretende refrendar, bajo el alegato de haber cumplido a la letra con todos los requisitos exigidos.
Lo curioso del caso es que hasta hoy no se ha solicitado la opinión de quien sería tercero en discordia, es decir la Comisión Federal de Competencia, en cuyas resoluciones se ha subrayado la influencia a nivel regional que tienen los cableros.
Por lo pronto, la nueva subsecretaria de Comunicaciones, Gabriela Hernández, ya movió el avispero al señalar que no habrá refrendo para MVS.La bolita, o si lo prefiere la papa caliente, pues, está toda en manos de Juan Molinar Horcasitas.
En las vueltas que da la vida, paradójicamente, la ex subsecretaria de Comunicaciones y Transportes, Purificación Carpinteyro Calderón, podría convertirse en testigo de cargo en un eventual juicio por desacato contra su ex jefe, Luis Téllez.
Por lo pronto, la ex funcionaria fue requerida para comparecer sobre el asunto ante la Procuraduría General de la República.
El citatorio le llegó el 10 de febrero pasado, para presentarse tres días después.
La diligencia reclamada por el agente del Ministerio Público Federal, María Elena Velasco Ramírez, se celebró en el mayor sigilo.
Como le comentábamos ayer, la ex funcionaria solicitó una opinión jurídica sobre el presunto desacato del entonces Secretario de Comunicaciones y Transportes, a un amparo interpuesto por Telcel, al abogado Julio Esponda, socio entonces del hoy secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, que resultó positiva. La respuesta, por cierto, está fechada el seis de octubre del año pasado.
NI TÚ NI YO
Pues ahora resulta que ante la presión que realiza por debajo del agua el gobernador del Banco de México, Guillermo Ortiz, para imponer como presidente de la Bolsa Mexicana de Valores a su amigo del alma, el ex secretario de Comunicaciones y Transportes, Luis Téllez, algunos integrantes de la asamblea de accionistas de la Bolsa Mexicana de Valores están sugiriendo un clásico ni-tú-ni-yo.
Estamos hablando de dejar un año más a Guillermo Prieto, a condición de que retire su exigencia de incrementar las cuotas que se imponen a las casas de bolsa por cada operación en el piso de remates.
Lo grotesco del asunto no es la injerencia del Banco Central en el organismo privado, sino el que Téllez estuviera dispuesto a "sacrificarse", pese a que el escándalo que provocó su caída tiene aún brazas al rojo vivo.
OTRA VEZ SAN JUANICO
Firme el dedo en el renglón de los habitantes de San Juan Ixhuatepec, conocido coloquialmente como San Juanico, para reubicar a las gaseras de la zona, calificadas por un estudio solventado por Pemex como bombas de tiempo, hace unos días hubo un nuevo argumento a la presión.
Hete aquí que se suscitó un incendio en los terrenos ubicados en la parte posterior de las instalaciones de Gas Metropolitano, colocando en grave riesgo a éstas. De hecho, las llamas amenazaron al llamado Polígono de Seguridad.
Como recordará usted, desde 1986, hace 23 años, existe un ordenamiento que reclama la reubicación de las gaseras de la zona, entre ellas Gas y Servicios de México, Gasomatías, Unigas, Vela Gas y Bello Gas.
HECHO EN MÉXICO
Finalmente la Secretaría de Economía le dio cauce a la posibilidad de que las pequeñas y medianas empresas, incluso personas físicas, utilicen la marca "Hecho en México", lo que en el papel permitiría crear 200 mil empleos y cancelar importaciones por 10 mil millones de dólares.
La alternativa, empujada por la Canacintra, se había pospuesto una década, ante la presión de firmas gigantes.
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