El diputado José Antonio Zepeda emplazó al jefe de gobierno, Marcelo Ebrard, a que a más tardar en tres días envíe a la Asamblea Legislativa un informe sobre el proyecto de construcción de un nuevo reclusorio.
El legislador del Partido Acción Nacional (PAN) dijo que ante la falta de respuesta del Gobierno del Distrito Federal para informar sobre la situación que prevalece en los centros penitenciarios, en dicho informe deberá incluir también datos sobre este particular.
Consideró necesario acotar al jefe de gobierno para que dé a conocer no sólo los detalles del proyecto anunciado el 16 de junio, sino también el proceso de licitación de la obra; su costo total y el tiempo de construcción.
De igual manera, agregó, el mandatario local deberá informar a los diputados el costo del terreno en caso de compra, su ubicación, así como el diseño del nuevo penal para verificar que esté acorde a las necesidades actuales y a la legislación.
Zepeda Segura conminó a que se atienda este llamado, ya que el Ejecutivo local aseguró que "llueve, truene o relampaguee", el primero de septiembre de este año iniciará la construcción del nuevo centro de reclusión.
"Nada nos garantiza que así sea, sobre todo cuando en noviembre de 2008, la subsecretaria del Sistema Penitenciario, Celina Oseguera, anunció que para reducir la sobrepoblación carcelaria y mejorar la gobernabilidad en los reclusorios se construirían tres nuevos penales con una inversión de mil 750 millones de pesos", sin que a la fecha se tengan avances.
Zepeda Segura recriminó que el gobierno capitalino se encuentre distante de toda política criminológica de persecución, captura, reparación del daño y readaptación social y, peor aún, aparentemente fuera de esa urgencia nacional.
El gobierno capitalino no ha dado a conocer nuevas formas de ejecución de penas que incluyan abatir la sobrepoblación en las cárceles locales, optimizar los espacios, mejorar el control de los internos, eficientar el control y entrega de las preliberaciones e impulsar una verdadera readaptación social, dijo.
El también integrante de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia también pedirá que se entregue la información solicitada por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) el 3 de junio.
Dicho reporte deberá incluir el detalle de los contratos celebrados desde el 8 de septiembre de 2008 a la fecha, entre la Secretaría de Gobierno o la Subsecretaría del Sistema Penitenciario y empresas privadas en materia de compra o instalación de aparatos tecnológicos y servicios para los reclusorios.
Asimismo, datos de las medidas sanitarias en torno a la alimentación de los internos, los programas nutricionales, las porciones y la atención que se le ha dado a las recomendaciones hechas por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.
"No sabemos por qué el secretario de Gobierno y sus subordinados prefieren callar ante las denuncias y ocultar información cada vez que se les solicita. Se ha convertido en un silencio sospechoso que ahora el jefe de gobierno tiene que aclarar", expresó el panista.
