Tiro por la culata
En la certeza de que la cuña que más aprieta es del mismo palo, el ex subsecretario de Egresos de Hacienda, Santiago Levy, acaba de lanzar una andanada demoledora contra los programas sociales del gobierno federal
De entrada, los acusa de proteger de forma errática y contradictoria a la población, con efectos redistributivos limitados que fomentan la informalidad, subsidian la evasión de las leyes laborales y fiscales, y reducen la productividad y el crecimiento del país.
El escenario, paradójicamente, perjudica con más énfasis a los trabajadores de más bajos ingresos.
¡Pácatelas!
Más aún, la salida no se ubica en un aumento del gasto social, sino en una reingeniería total.
Los obuses se inscriben en un libro cuyo título resume su contenido: “Buenas Intenciones. Malos Resultados, Política Social, Informalidad y Crecimiento Económico en México”, publicado en inglés.
La tesis central del volumen plantea una “profunda reforma económica y social para otorgar derechos sociales exigibles a todos los trabajadores”, y de pasadita revitalizar el crecimiento económico.
La ruta reclama un largo periplo:
* Ampliar el derecho a una pensión de retiro, un seguro de invalidez y un seguro de vida a 41 millones de trabajadores, en extensión a los 14 que alcanza hoy la cobertura.
* Extender el servicio médico a todos ellos, con la cobertura que ofrece el Instituto Mexicano del Seguro Social.
* Proteger a todos los trabajadores asalariados con un seguro de desempleo en lugar de las indemnizaciones por despido, y con un seguro contra riesgos de trabajo.
* Crear un programa único de pensiones no contributivas (apoyo a adultos mayores) con carácter transitorio, para asistir a la generación de trabajadores retirados sin pensión, al mismo tiempo que se fomente al ahorro de los trabajadores activos.
* Reducir los costos laborales no salariales en las 800 mil empresas legalmente establecidas en más de 85 por ciento, lo que equivale a eliminar impuestos al trabajo asalariado por casi tres por ciento del PIB.
* Facilitar la legalización de cientos de miles de empresas que evaden las leyes laborales, de seguridad social y fiscales, abriéndose posibilidades para acceder al crédito de la banca comercial o de desarrollo en los programas de capacitación laboral.
* Reducir sustancialmente los costos de transacción para las empresas que cumplan con sus obligaciones fiscales, laborales y de seguridad social, lo que de carambola impedirá los incentivos a la corrupción y la simulación, así como la rotación innecesaria de los trabajadores.
Lo interesante del asunto es que el ex director del Seguro Social, actualmente vicepresidente de Sectores del Banco Interamericano de Desarrollo, plantea que la alternativa se financie con una contribución al consumo universal de ocho por ciento.
La recaudación se integraría a todos los recursos presupuestales para programas sociales, bajo el marco de un programa de derechos sociales universales.
El tributo se le devolvería a las familias integradas al tercer decíl de la distribución del ingreso, en afán de no hacerle mayor la carga.
Bajo el nuevo marco, de acuerdo a Levy, se lograría un escenario feliz:
* Extender, por primera vez, derechos sociales a todos los trabajadores del país, pobres y ricos, rurales y urbanos, mujeres y hombres, asalariados y no asalariados, jóvenes y viejos, eliminando de pasadita la informalidad en el mercado laboral.
Casi el paraíso.
* Redistribuir ingresos hacia los trabajadores menos favorecidos de forma más eficaz.
* Generar incentivos para que, en un contexto de legalidad, las empresas creen más productividad, paguen salarios más altos, e inviertan más en capacitar eficazmente.
* Fortalecer la sustentabilidad fiscal de la política social, al financiar todos los beneficios con recursos tributarios permitiendo destinar la renta petrolera a la inversión productiva.
* Modificar la estructura tributaria sustituyendo los impuestos al trabajo por impuestos al consumo, sin afectar la capacidad de compra de los hogares menos favorecidos.
* Incrementar el ahorro nacional al lograrse que 41 en vez de 14 millones de trabajadores ahorren para el retiro, y que lo hagan durante toda su carrera laboral, canalizando los recursos a instrumentos que aumenten la oferta de crédito de mediano plazo a las empresas.
La receta de Levy.
Balance general
La sorpresa, en la inauguración del nuevo año, la dieron las firmas de televisión por cable al incrementar sus tarifas en un promedio de cinco por ciento y 20 para los morosos, bajo el argumento de “mantener sus estándares de calidad”.
El golpe lo anunciaron Megacable, Cablemás y Cablecom.
Se diría que, pese al escenario de recesión que nubla el panorama del país, las compañías mantienen intacta la tradición de incrementos iniciada en el año 2000, en cuyo marco éstos han oscilado de 5.8 a 24.5 por ciento, pasando por 21.6, 20.5, 20.3 y 12.1.
En la exposición de motivos se señala que en contraparte se ofrece la posibilidad de paquetes que incluyen servicios de vídeo, Internet y telefonía, es decir, el famoso triple play, “disfrutando el derecho de descuentos permanentes”.
Lo cierto es que, en contraste, Teléfonos de México ha abatido en el lapso en 72.1 por ciento sus tarifas.
Lo tomas o lo dejas
Del tamaño de la crisis que viene para las empresas automotrices instaladas en el país ante la caída dramática del consumo en Estados Unidos, en un escenario en que en septiembre pasado se vendieron sólo 12.5 millones de unidades, el nivel mínimo desde 1993, habla el callejón en que se colocó a una pequeña armadora instalada en el norte del país.
Estamos hablando de notificarle una reducción de 35 por ciento en los envíos y una baja en el costo de la mercancía de 25 por ciento.
La nota finalizaba con el clásico: Lo-tomas-o-lo-dejas.
Y conste que hablamos sólo de una nubecita.
Sí, pero no tanto
De acuerdo a la Comercial Mexicana, la deuda que arrastra tras sus fallidas apuestas de riesgo es de 330 millones de dólares, es decir, la sexta parte es de dos mil 200 que se calculaban.
El principal acreedor es el banco de inversión estadounidense Merryll Linch, con 78 millones de dólares, más un colateral de 18.9.
Le sigue Banamex, filial del Citicorp, con 70 millones de dólares y un colateral de 5.9, monto idéntico al que le debe a JP Morgan, sólo que aquí el colateral es de 92 millones 870 mil.
En línea descendente está Barulaza, con 50 millones y un colateral de 18 millones 376 mil.
Sin colateral al calce están Credit Suisse (30 millones); Goldman Sachs (20) y Santander (15).
Las intermediarias, como usted sabe, presentaron una demanda contra la cadena mercantil en Estados Unidos.
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