¿Todos ponen?
A diferencia de los pactos sectoriales del pasado, el planteado hace dos días por el gobierno federal en afán de atenuar los efectos de la crisis global, tiene una aportación casi marginal de las empresas privadas
De hecho, el compromiso avalado por los organismos de representación empresarial habla simple y llanamente de evitar al máximo la posibilidad de despidos de personal.
Así, nada más.
La pretensión original, rechazada por las cúpulas, planteaba la obligación de no mutilar la nómina más allá del cinco por ciento.
Ahora que para sostener el etéreo, el gobierno se compromete, bajo ciertas condiciones, a pagar parte de la nómina de las empresas automotrices cuando éstas se declaren en paro técnico ante la falta de mercado para exportación.
El compromiso concreto habla de asumir el 30 por ciento del costo salarial para los trabajadores que ganen hasta 10 salaros mínimos.
La oferta tiene una vigencia de seis meses.
La condición, naturalmente, en que el paro patronal haya sido avalado por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.
Ahora que la industria tiene refuerzos adicionales con cinco programas que incluyen desde la posibilidad de garantías al 50 por ciento de parte de Nacional Financiera para préstamos bancarios, hasta avales de éste y otros bancos de desarrollo para la colocación de papeles de deuda.
Desde otro ángulo, el gobierno le da un fuerte jalón a las firmas fabricantes de electrodomésticos al implantarse un programa de sustitución de refrigeradores con más de 10 años de antigüedad, en cuyo caso el gasto será de 780 millones de pesos.
Se habla de 300 mil familias beneficiadas en lo inmediato.
Más allá, la baja de 10 por ciento en promedio para las tarifas eléctricas industriales significaría una erogación adicional de 30 mil millones.
En total, sumados los costos del programa anticíclico instrumentado en octubre pasado y el actual Acuerdo Nacional para la Protección de la Economía Familiar y el Empleo, el gasto gubernamental alcanzará 200 mil millones de pesos, en su mayor parte no contemplados en el presupuesto de ingresos para este año, por más que se habla de remanentes del fondo petrolero creado con los sobreprecios del pasado.
Sin embargo, de acuerdo a la Secretaría de Hacienda aún hay opción de equilibrio, es decir no se prevén en el corto plazo ajustes al presupuesto de gasto.
Entre las previsiones asumidas está, justo, el escenario de incrementos en cascada en el precio de las gasolinas que llegaron no sólo a empatar, sino a rebasar el costo de Estados Unidos.
Según ello ante el dilema de un golpe formidable que igualara los costos, se optó por la gradualidad, es decir 37 aumentos en el pian pianito.
Ahora que la promesa habla de que el costo del diesel se congelará cuando se empate con el del país de allende el Bravo, lo que evitará la importación hormiga por parte de éste.
El diferencial, de acuerdo al promedio de una canasta de precios es de poco más de 50 centavos, es decir allá se cotiza en 7.85 pesos y aquí en 7.30.
La distancia original llegó a ser de dos pesos.
La congelación del precio de los combustibles permitirá abatir la perspectiva de inflación para este año en 1.5 por ciento.
Por lo pronto, a contraparte del escepticismo con que el sector privado recogió el ramillete y aún de las voces de la oposición que lo califican de tardío e incompleto, el gobierno asegura tener una encuesta en cuyo escenario el 85 por ciento de la población aplaude las medidas.
Así como lo lee usted.
Balance general
De acuerdo a los analistas de la casa de bolsa Actinver, no más de 10 empresas gigantes serán las beneficiadas directas o indirectas del Acuerdo Nacional a favor de la Economía Familiar y el Empleo.
El abanico incluye a cadenas de autoservicio, constructoras, promotoras de vivienda, y consorcios industriales.
Estamos hablando de Wal Mart y Soriana; del grupo ICA; de las desarrolladoras Homex y Mexichen, y del grupo industrial Alfa con sede en Monterrey.
En la lista se incluye también, en un segundo nivel, al Grupo Minero México de Germán Larrea Mota Velasco.
Sí…pero no
En un análisis a bote pronto realizado por la firma Consultores Internacionales que encabeza Julio A. Millán, se ubica como talón de Aquiles del acuerdo anticrisis el que no se haya proyectado eslabonar las 25 medidas planteadas.
“Se corre el riesgo, señala textualmente la prestigiada firma, de quedarse de lado de las buenas intenciones ante la falta de alineación de objetivos, coordinación entre actores responsables y mediciones sobre las cuales optimizar las decisiones”.
Más al detalle, se habla de evitar los juegos aislados, para darle mejor propulsión al cohete.
El reclamo habla, además, de contar de manera inmediata con una agenda legislativa complementaria al Acuerdo.
Obama-Calderón
Finalmente será el próximo lunes cuando el presidente Felipe Calderón se reúna con el presidente electo de Estados Unidos, Barack Obama, en un escenario en que a decir del Ejecutivo mexicano se trata de entrada de recordarle que existe nuestro país en el mapa.
Naturalmente, la intención de fondo será sondear si se mantiene la promesa electoral del demócrata de renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en un escenario en que la presión de los sindicatos del país vecino la endureció la crisis.
Negro de la feria
A quien le fue ayer como en feria fue al director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Juan Molinar Horcasitas, al adjudicarle a éste los dos ejes más importantes del concurso para ubicar el trámite más inútil.
Reconocimiento, pues, a la burocracia más agresiva del país… con cargo a la población, en este caso a un pequeño gravemente enfermo.
Otra alternativa
Bajo la firma del senador Carlos Sotelo, el PRD está planteando una iniciativa para una nueva Ley de Radio y Televisión en reposición de la que fue impugnada por la Suprema Corte, entre cuyas novedades está el que las concesiones se otorguen a 10 años.
La alternativa que a su vez empujó el senador priísta Manlio Fabio Beltrones habla del doble.
Lo interesante del asunto es que se incorporarían al ordenamiento capítulos como la convergencia tecnológica, la creación de un ente regulador con naturaleza de órgano constitucional autónomo, además de abrirse el espectro en un abanico que incluye el acceso a pueblos y comunidades indígenas.
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