¿Chivo expiatorio?
A la callada, la Secretaría de la Función Pública le impuso una multa de 60 millones de pesos, además de una inhabilitación acumulada de 21 años para actuar como servidor público, al ex administrador de la Aduana de la Ciudad de México, Héctor Castro Herrera.
El expediente, abierto hace dos años, condensa tres indagatorias bajo cargos de irregularidades administrativas y de permitir el acceso de mercancías sin el pago de los aranceles correspondientes.
Concretamente dos de ellas hablan de la entrada de mil 400 rollos de tela de poliéster; de casi 50 mil piezas de pantalones conocidos como bermudas, además de 18 mil 800 camisas para caballero, todas ellas de la marca X-You, presuntamente de procedencia china.
El tercero apunta escuetamente a infracciones a los artículos séptimo y cuarto, fracciones I y XXIV de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y de la Ley Aduanera, además del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria.
De acuerdo con las denuncias documentadas por el órgano de Control Interno del Servicio de Administración Tributaria, Castro Herrera “infringió los principios de legalidad, honradez, lealtad y eficiencia, alterando el orden público y contraviniendo los intereses que como servidores públicos tenía obligación de salvaguardar”.
El hecho es que, desglosadas las denuncias, en el primer caso se le impuso una inhabilitación de 10 años; en el segundo de uno, y en el tercero de otros 10, además de cubrir por un lado una multa de 13 millones 330 mil pesos, y por otro de 45 millones 945 mil pesos.
El salario del ex funcionario hasta su salida era de 80 mil pesos mensuales.
De acuerdo con la norma, agotado el procedimiento administrativo, el expediente se turnará a la Procuraduría General de la República para analizar la posibilidad de llegar al ramo penal, es decir, consignarlo ante un juez presuntamente bajo cargos de evasión fiscal, falsificación de documentos, cohecho, clonación de marcas registradas y eventualmente lavado de dinero.
Por lo pronto, el ex responsable de la aduana de Pantaco presentó un recurso de revisión contra las resoluciones, en paralelo a un amparo ante el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa.
Y aunque el escándalo, de darse la consignación, llenaría varias páginas de diarios, lo cierto es que el eje de éste será la sospecha de que se trata simple y llanamente de un intento de tapar el sol con un dedo frente a la corrupción galopante de las aduanas durante el sexenio foxista.
El chivo expiatorio, pues, de un alud que involucraría al ex director general de Aduanas, José Guzmán Montalvo, y salpicaría a la ex primera dama Marta Sahagún de Fox.
De acuerdo con las indagaciones realizadas por una Comisión Especial legislativa, en Pantaco se pactó el mayor número de donaciones de mercancías incautadas hacia la Fundación “Vamos México” la mayor parte de ellas sin cubrirse los trámites legales correspondientes, dada la evidente ilegalidad.
La protección oficial, pues, le habría abierto la manga ancha a los funcionarios aduaneros para realizar negocios personales.
De hecho, a contrapelo de la rígida norma jerárquica, Guzmán Montalvo tenía acuerdos en Los Pinos, pese a que su jefe inmediato era el ex secretario de Hacienda Francisco Gil Díaz.
Lo cierto es que a mediados del sexenio pasado se había abierto una indagación de oficio por parte de la Procuraduría General de la República al calor de denuncias periodísticas que hablaban de corrupción, recopilándose entonces testimonios de la Administración Central de Fiscalización Aduanera y de particulares, además de despachos aduanales, sin que se abriera expediente alguno.
Llama la atención, incluso, el que Castro Herrera se hubiera negando tajantemente a que se infiltraran policías en la aduana, pese a lo cual no se tomó alguna medida en su contra.
Las acusaciones documentadas por la prensa hablaban de que en la aduana de Pantaco se “liberaban”, es decir, se les perdonaba el pago de aranceles, a 20 contenedores de mercancías de fácil venta a la semana, cuyo costo entonces era de 750 mil pesos por unidad, unos 15 millones en conjunto. La carga consistente en productos electrónicos, calzado, ropa, vinos y licores, llegaba sin obstáculo a Tepito.
La paradoja del caso es que la Secretaría de Hacienda presumía entonces de haber implantado los más rígidos candados a la corrupción, oscilando desde la instalación de circuitos cerrados en las principales aduanas para vigilar el registro de tráileres, hasta el uso de máquinas de rayos gama para ver hacia la profundidad de los contenedores.
¿Falló la tecnología? ¿Falló la supervisión? ¿Falló la moral?
Por lo pronto, el caso Castro Herrera huele a bola de humo.
Balance general
Colocada en la mesa su última carta, la división de su estructura en dos bancos: bueno y malo, es decir, uno para las operaciones normales y otro para intentar recuperar de lo perdido lo que aparezca, los diagnósticos hablan de un Citigroup en estertores de agonía.
Se diría que a la Casa Blanca le falló la brújula cuando decidió darle oxígeno para evitar un colapso monumental, dado su tamaño.
Por lo pronto, sus acciones, que alguna vez se cotizaran en el inaudito de 52 dólares, hoy valen tres. Su última caída, de 3.88 dólares, se registró en diciembre, al anunciarse una pérdida acumulada de 18 mil 726 millones de billetes verdes.
Lo grave del caso es que el derrumbe podría alcanzar a su filial estrella en el planeta, es decir, Banamex, en un escenario que habla de versiones de una posible recompra por parte de accionistas nacionales a los que encabezaría el propio presidente de la institución bancaria, Roberto Hernández. Lo que hace unos meses parecía un simple rumor está tomando visos de certeza… por más que se habla también de otros inversionistas nacionales, entre ellas, naturalmente, el grupo que le apostó a Aeroméxico.
Caso cerrado
Finalmente, luego de nueve años, la Comisión Federal de Competencia cerró el expediente de la empresa expendedora de vales de despensa Prestaciones Universales, tras obligar al cambio de dueño… y cobrar multas que en conjunto acumularon 45.5 millones de pesos.
La firma pasó a manos de la empresa Precard.
El proceso se abrió en 1999 tras una denuncia de la competencia sobre lo que calificaban de desplazamiento indebido, en un escenario en que la empresa denunciada era propiedad de una serie de cadenas de autoservicio. Ni modo, pues, que éstas le dieran juego a los rivales.
En el camino, Prestaciones Universales perdió una posibilidad de amparo que la colocó en el callejón, al punto de obligarse a integrar las acciones en un fideicomiso.
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