La prisa por terminar cuanto antes el periodo de sesiones le hizo perder al Senado una oportunidad de oro de colocar un obstáculo real a la posibilidad de prácticas monopólicas absolutas… incluida la cárcel.
Estamos hablando en principio de elevar las multas a un nivel más acorde con el daño causado al país, cuyo horizonte planteaba hasta tres por ciento de las ganancias de un año de las infractoras.
Hasta hoy la multa máxima es de 50 millones de pesos.
Se diría que los legisladores se dejaron “chamaquear” por un feroz cabildeo desatado por las firmas a las que se pretendía meter en cintura bajo la posibilidad, además, de cargos penales.
De acuerdo a la Ley Federal de Competencia Económica, las prácticas monopólicas se dan cuando dos o más agentes económicos se coluden para obligar a los consumidores a pagar precios superiores a los que prevalecerían en condiciones de competencia.
Un caso típico sería el de las tortillas, cuyo costo está sujeto a la libre oferta y demanda.
El caso es que en la intención de homologar lo dispuesto en el Código Penal con la Ley Federal de Competencia Económica, se colocó un condicionante que vuelve misión imposible el castigo.
Se legisló, pues, para quedar igual.
De acuerdo a lo aprobado por los legisladores en enmienda de plana a la Cámara Baja, sólo se castigaría a los agentes con poder sustancial en el mercado.
Textualmente, el párrafo de la distorsión señala que se sancionará por prácticas monopólicas absolutas a aquellas personas, físicas o morales, a quienes “la autoridad competente haya acreditado la existencia de poder sustancial en el mercado relevante”.
Dicho con todas las letras las empresas chicas, medianas y grandes están a salvo.
La ley es para los gigantes… por más que hasta hoy ni siquiera en el caso de Teléfonos de México, Cementos Mexicanos, Grupo Modelo o Femsa se ha logrado acreditar que tengan poder sustancial en el mercado relevante.
De hecho, la propia ley en la materia rechaza que deba acreditársele tal condición a las empresas que incurran en prácticas monopólicas absolutas, a diferencia de las relativas.
Ahora que en afán de evitar el absurdo, el presidente de la Comisión Federal de Competencia, Eduardo Pérez Motta, le envió una carta a los presidentes de las Comisiones de Economía y de Justicia de la Cámara de Diputados, en afán de alertarlos sobre la minuta devuelta.
La misiva señalaba que “de ser aprobada esta disposición nulificará por completo las reformas contenidas en la minuta original, al someter a un requisito imposible de cumplir la posibilidad de dictar sanciones penales, por lo que se convertiría en letra muerta”.
El mensaje se fechó el 29 de abril pasado, es decir a unas horas de la última sesión de la actual legislatura… a menos, claro, que se abra un periodo extraordinario de sesiones.
El esfuerzo fue estéril, por más que se advertía claramente que no se requería poder sustancial para llevar a cabo prácticas monopólicas absolutas, “ni la existencia de éste implica una mayor probabilidad de establecer este tipo de acuerdos ilegales”.
Más aún, se aludía al artículo 28 de la Constitución, en cuyo capítulo referente a los monopolios se señala que la ley castigará severamente todo acuerdo, procedimiento o combinación de los productores, industriales, comerciantes o empresarios de servicios, que de cualquier manera hagan para evitar la libre concurrencia o la competencia entre sí, obligando a los consumidores a pagar precios exagerados.
En todos los países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, a la que pertenece México, la ley no sólo prevé colosales multas para los cárteles, sino pena de cárcel para los reincidentes.
Aquí ni con el pétalo…
Balance general
Calificada en su momento como aberración la licitación a que convocó el Instituto Mexicano del Seguro Social para subrogar el servicio de hemodiálisis para los pacientes de insuficiencia renal crónica por el contralor de éste, José Córdoba Rodríguez, el empecinamiento por sacarla contra viento y marea tiene hoy de cabeza al organismo.
Hete aquí que se aceptó la participación de empresas que no tuvieran infraestructura, es decir con sólo mostrar una carta-compromiso de que la levantarían, en un escenario en que la incongruencia provocó el desfase de los tiempos.
El caso es que las ganadoras, es decir Corphomed y Diagnósticos Ángeles, filial de la cadena de hospitales Ángeles de Olegario Vázquez Raña, estarán listas hasta el 31 de agosto próximo… y el contrato con la firma alemana Fresenius que otorga el servicio, vence el 15 de mayo.
El paréntesis ha provocado ya la rebelión de los enfermos, manifestada en protestas ante medios de comunicación electrónicos y en cientos de cartulinas en las clínicas del IMSS.
Y aunque éste le ha pedido a la firma extender el contrato, ésta se ha manifestado renuente ante las graves irregularidades del concurso en que se le descalificó, cuya magnitud fue soslayada por la Secretaría de la Función Pública.
La corrupción, pues, cayó en su propia trampa.
Reflejos tardíos
Por aquellas cosas raras de la vida, a contrapelo de los autoelogios del gobierno por la supuesta rapidez en que tomó el toro por los cuernos, hete aquí que hasta el sábado pasado se publicó en el Diario Oficial una declaratoria en que se señala a la influenza humana como enfermedad grave de atención prioritaria.
Esta era necesaria para que se puedan explotar patentes de antivirales bajo esquemas de utilidad pública, con base en el artículo 77 de la Ley de Propiedad Industrial. La bolita está ahora en las manos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para otorgar las licencias correspondientes, con base a la capacidad técnica del solicitante.
De ser insuficiente al abasto, se abrirán las fronteras.
Vencimientos en puerta
De los 27 mil millones de dólares de vencimientos de deuda que enfrenta las empresas para este año, los más próximos en la lista los tienen el grupo hotelero Posadas, con 250 millones; América Móvil, la firma hemisférica de Carlos Slim, con 400; Industrias Monterrey, con 547; NR Finance, con tres mil 914, y Teléfonos de México, con 400.
En julio, a su vez, tocarían la puerta de Fomento Económico Mexicano, Femsa, con mil 256 millones; Coca Cola, con 560, y el Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Fonacot), con 500.
En agosto el turno será para Hipotecaria Su Casita, con 263 millones, y Grupo Bimbo, con mil 500.
La inminencia explica la avidez con que se están arrebatando los dólares que le prestó a México el Fondo Monetario Internacional.
Pial a Banobras
Bajo el nuevo esquema para la banca de desarrollo que aprobó el Senado, el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), tendrá facultades para financiar, refinanciar o apoyar proyectos, relacionados, directa o indirectamente, con inversión pública o privada en materia de infraestructura y servicios públicos.
Se le quitó, pues, una camisa de fuerza.
albertobach@yahoo.com.mx
barrancoalberto@prodigy.net.mx
