Perros y gatos
De acuerdo con un documento interno de la SCT, los pleitos entre las empresas de telecomunicaciones y de éstas con el gobierno han frenado gravemente la inversión, colocando al país al borde de la obsolescencia
El faltante, la omisión, de acuerdo con el análisis, alcanzaría 50 mil millones de dólares que representan a casi un tanto más de las apuestas sembradas a partir de la privatización de Teléfonos de México.
Estamos hablando de 18 años contados desde 1990, cuando se resolvió la licitación ganada por el grupo Carso del magnate Carlos Slim y las empresas Southwertern Bell Internacional y France Cable et Radio. El acumulado, incluido el andamiaje para telefonía, datos, tv de paga por cable y video, alcanza 480 mil millones de pesos, equivalentes, bajo el promedio de paridades, a 57 mil 520 millones de dólares.
De acuerdo con el escenario per cápita, es decir, extrapolado el número de usuarios, estaríamos hablando de un atack de 540 dólares por persona.
Las mayores inversiones se dieron en los años 2000, 2001, 2004 y 2006, con 99.4, 45.4, 40.8 y otra vez 40.8 respectivamente.
Del otro lado de la moneda, los años más flojos fueron de 1990 a 1997, cuando las apuestas oscilaron de un mínimo de 3.9 y 5.7 millones de billetes verdes a un máximo de 12.1 y 15.6.
El caso es que la inversión acumulada equivale sólo a 41% de la ejercida en promedio por los 15 países integrantes de la Unión Europea en el mismo lapso, lo que implicaría que para igualar su estándar de tecnificación México debería arriesgar 60 mil millones de dólares adicionales.
El comparativo se vuelve más dramático frente a Estados Unidos, pues la apuesta global equivale a 26% de la realizada en ese país, cuyo empate exigiría 136 mil millones de dólares adicionales.
Y aunque se reconoce que en términos de PIB per cápita la inversión de México es mayor a la de los pasivos con los que se compara, por más que nos supere el promedio de naciones adheridas al Organismo para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), se señala que éste es insuficiente por el rezago existente desde 1990 y la característica de bien básico insumo en la cadena productiva.
El grave rezago, decíamos, se atribuye a la maraña de juicios que han emprendido las empresas entre sí o frente a resoluciones del gobierno, a cuya vera los usuarios se han quedado en medio de los panes, como sándwich, pues.
El escenario complica la posibilidad de nuevas apuestas en un horizonte de tres años, lapso en que se desahogan en promedio los recursos, dada la incertidumbre en su retorno.
De entrada, por ejemplo, está planteado un amparo contra la reducción en el número de áreas locales, es decir, su compactación para evitar cobros de larga distancia, por más que hasta ayer el juez de la causa no habría concedido la suspensión solicitada.
Más allá, existen amparos, aquí sí en algunos casos con efecto de suspensión del acto impugnado, contra una resolución de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que fija reglas para el cobro de terminación de llamadas entre teléfonos fijos y móviles.
Adicionalmente, está en vías de análisis la denuncia planteada por la Cámara Nacional de la Industria en Televisión por Cable impugnando la alianza entre la cadena MVS y la firma estadounidense EchoStar Corporation y Teléfonos de México para ofrecer televisión directa al hogar, bajo el supuesto de que esta última viola lo dispuesto en el título de concesión con que opera. Y no le seguimos por falta de espacio.
El escenario, naturalmente, genera percepción de incertidumbre jurídica en el país, en un entorno en que se trasluce la lentitud del sistema judicial, su escasa transparencia y la falta de autoridad de los reguladores, a quienes se acusa una y otra vez de someterse a las empresas dominantes.
Se diría que no hay opción de competencia en un entorno donde se impugnan una y otra vez las resoluciones en la Comisión Federal de Competencia y se vuelven letra muerta las de la Comisión Federal de Telecomunicaciones.
Si hasta hace unos años Teléfonos de México mantenía un pequeño staf de abogados “para lo que se ofrezca”, hoy su número casi iguala al de los ingenieros.
En la carambola, las firmas se pelean los servicios de los despachos con mejores marcas de juicios de amparo ganados.
Perros y gatos en un costal… mientras el país se rezaga.
Balance general
En lo que pareciera un eslabón más de la cadena de dislates de la Secretaría de Economía, hete aquí que está en camino una propuesta para que las aduanas del país ya no verifiquen el cumplimiento de las normas de calidad de las mercancías a su ingreso.
La tarea, según ello, se realizará en las bodegas de los importadores o en los puntos de venta, cuyo total es de 190 mil.
Dicho con todas las letras, una vez en la red se verá sí el gol era o no válido… por más que en algunos casos no se trata sólo de normas de carácter técnico, sino de disposiciones fitozoosanitarias y de salud.
El caso es que la Procuraduría Federal del Consumidor no cuenta con un equipo humano con capacidad para abarcar el escenario.
De hecho, su nómina es de 50 inspectores para este tipo de revisiones… incluidas las que se realizan a las gasolineras.
Feria de licitaciones
Bajo la consigna de acelerar la participación del Estado en la reestructuración económica del país, en los próximos días Petróleos Mexicanos expedirá la convocatoria para dos licitaciones públicas de relevancia. Estamos hablando de la compra de cinco barcos de carga a casco desnudo, y el alquiler de seis más para reforzar la flota de la paraestatal.
En el primer caso se trata de reponer un primer concurso al que se declaró desierto al no ajustarse los postores a los parámetros de la empresa.
En el segundo, de abrir una segunda opción tras haberse colocado cuatro barcos, en este caso con un paquete de cinco y la reposición del que había quedado en el aire.
El problema para las empresas que le entren a la alternativa será conseguir el financiamiento, dado que la empresa pública exige que los navíos sean de su propiedad.
Jaque a GISA
Bajo el argumento de contar con escasa liquidez para amortizar el Certificado Bursátil que mantiene con vencimiento a febrero próximo, la calificadora Fitch Ratings degradó la calidad crediticia del Grupo Industrial Saltillo.
La firma fracasó en su intento de vender su filial Ginsa, además de enfrentar dificultades operativas en su división de fundición de hierro, en paralelo a pérdidas en la operación de su filial Technucast.
Como usted sabe, el emporio le jugó a la ruleta de los derivados, lo que provocó una deuda en dólares de 94 millones y otra en pesos por 716 millones, sumada a la que arrastraba por 2 mil 536.
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