Ocho personas presuntamente dedicadas al tráfico de menores inmigrantes fueron encarceladas hoy para ser procesados por los delitos de delincuencia organizada y tráfico de indocumentados, algunos de ellos menores, informaron fuentes oficiales.
Los detenidos, todos de nacionalidad mexicana, están relacionados con la interceptación en el Estado de México (centro del país) de 101 indocumentados centroamericanos, informó la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía) en un comunicado.
Se les atribuyen labores de custodia, transporte y albergue para hacer cruzar de forma ilegal a los inmigrantes a Estados Unidos.
La orden de aprehensión fue emitida por un juez en base a la investigación de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (Siedo).
Las ocho personas fueron detenidas por efectivos de la Siedo y trasladadas al penal de Neza-Bordo, en el central Estado de México, donde quedaron a disposición del juzgado competente.
Las estadísticas señalan que unos 300 mil centroamericanos cruzan en promedio cada año el territorio mexicano, en su mayoría en busca de ingresar ilegalmente a Estados Unidos.
La última captura se produjo el lunes en Chiapas (frontera sur), cuando tres agentes detectaron a 58 ocultos en el compartimento oculto de un camión.
En 2007 México interceptó en su frontera sur a 120 mil inmigrantes indocumentados, de los cuales 114 mil eran centroamericanos.
El año pasado las autoridades migratorias mexicanas deportaron a 75 mil 463 centroamericanos indocumentados entre los meses de enero y noviembre, según datos oficiales.
La mayor parte de esos deportados, 35 mil 250 personas, eran guatemaltecos, seguidos por los salvadoreños (26 mil 872), hondureños (12 mil 565) y nicaragüenses (776).
Hasta 2008 estaba penado entrar ilegalmente a México con dos años de cárcel, aunque la práctica habitual era retener a los indocumentados en instalaciones del INM y deportarlos a sus países de origen.
Tras una modificación legal, la ley actual elimina la pena de prisión pero establece sanciones que van de los 20 a los 500 días de salario mínimo (de 103.5 a dos mil 590 dólares, aproximadamente) para las diversas violaciones de la legislación migratoria en México.
