El Senado endureció las sanciones contra traficantes de migrantes y dotó al Ministerio Público federal de la facultad de persecución de oficio por este crimen, que hasta ahora exige presentación de querella.
Los legisladores aprobaron ajustes a la Ley General de Población y destacaron que si bien el tráfico de personas en 2007 quedó sancionado en la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, "la condena sigue siendo mínima con relación a la conducta del delincuente".
La conducta delictiva "se puede equiparar al delito de secuestro, trata de blancas o delincuencia organizada. Es por ello que el objeto de esta reforma consiste en frenar esta conducta ilícita, aumentando el castigo a los traficantes de personas", dijeron.
En la actualidad, la pena establecida en el artículo 138 de la Ley General de Población es de seis a 12 años de prisión y multa de 100 a 10 mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.
Con el ajuste hecho por el Senado, la pena se incrementan de ocho a dieciséis años de prisión y la multa de cinco mil a 15 mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, en el momento de consumar la conducta.
Asimismo, el artículo 143 de la Ley General de Población señala que la persecución de los delitos será por querella de la Secretaría de Gobernación (Segob).
Mientras que para los senadores, el delito de tráfico de personas "también se debe considerar que el Ministerio Público lo persiga de oficio, con la finalidad de que esta institución tutele y proteja los derechos de los inmigrantes".
Es por ello, sostienen, "que se le propone una adición al texto, para que el fiscal esté en posibilidad de tutelar, proteger y perseguir este delito de oficio".
Recordaron que el 13 de junio de 2008 un grupo armado arrebató al Instituto Nacional de Migración (INM) a 33 cubanos.
El Senado consideró que esta actividad delincuencial "es de bajo riesgo para los individuos que cometen dicho delito, pues resulta que generalmente son ‘enganchadores’ que actúan de manera individual, pero que a su vez forman parte de bandas delincuenciales que se organizan de forma piramidal, por lo que la mayoría de las veces no se conocen entre sí".
Esa situación constituye "una de las limitantes para consignarlos con penas más severas, ya que son aprehendidos por separado y difícilmente revelan las identidades de sus cómplices y mucho menos de los que actúan como jefes, lo que impide que se pueda castigar con el agravante de delincuencia organizada".
De enero a abril de 2008, México realizó 16 mil 780 aseguramientos de extranjeros. De ellos, Honduras lideró la lista con el 47.4%, seguido de Guatemala con 27.9%, El Salvador con el 9.7%, le siguieron Cuba (5.9%), Nicaragua (2.1%) y Estados Unidos (1.7%).
Mientras que de enero a diciembre de 2007, el INM aseguró mil 359 cubanos, que representaron el 2.7% del total de extranjeros; el primer lugar lo ocupó Honduras, con 22 mil 989; Guatemala, con 15 mil 143, y El Salvador, con cinco mil 837, e incluso hubo más estadounidenses (896) que nicaragüenses (862).
Las modificaciones a la Ley General de Población aprobadas por el Senado están a discusión en la Cámara de Diputados para su eventual aprobación o modificación.
