La aprobación del Presupuesto de Egresos para el año entrante por parte de la Cámara de Diputados al Congreso de la Unión, pone de manifiesto la pérdida de equilibrios en la estructura del poder político en nuestro país.
Desde la década de los setenta hasta la actualidad, la participación de los recursos federales que reciben los gobiernos estatales y municipales ha ido en aumento, en virtud de un sistema que distribuye el gasto con el apoyo técnico de comités estatales y municipales de planeación, cuya labor es la base para la asignación de cantidades de dinero etiquetadas para tales o cuales fines y cuya entrega está condicionada al cumplimiento de requisitos determinados por la Ley.
Una vez ejercido el presupuesto la calificación de su ejercicio queda bajo el Control de la Contaduría Mayor de Hacienda, que tiene facultades para auditar a Estados y Municipios en tanto que resultan ser administradores de las participaciones federales de las que hayan dispuesto.
Sin embargo, en la propuesta aprobada por la Cámara de Diputados el día de ayer, destaca la tendencia a liberar de todo control a los recursos federales asignados a los niveles estatal y municipal de Gobierno.
Lo anterior implica en la práctica que para recibir los recursos federales, en lo sucesivo los gobernadores ya no tendrán que justificar el gasto a la luz de una programación específica sustentada en expedientes técnicos en los que en forma previa sean atendidos y resueltos los temas relativos al destino específico de cada inversión y cada renglón del gasto, a la viabilidad y sustentabilidad de cada proyecto, su impacto ambiental, etcétera.
Esto no tiene inconveniente en la teoría, en función de que supone el triunfo aparente de la justificada lucha ancestral en pro del fortalecimiento de la autonomía de Estados y Municipios que es base de nuestro sistema constitucional, que busca la descentralización política como detonante del México de las Regiones en cuanto a su desarrollo humano y económico.
Lo preocupante en el caso, es que lo anterior ocurre en una circunstancia en la que una vez acotado el poder del Presidente de la República como resultado de la alternancia en el Gobierno Federal acaecida en el año dos mil, los gobernadores de los estados se han erigido en auténticos reyezuelos que han replicado corregido y aumentado el viejo sistema de partido de Estado en cada una de sus respectivas entidades federativas.
En tal escenario los gobernadores actúan sin contrapeso y sin un adecuado sistema de rendición de cuentas, puesto que la división de poderes es letra muerta en la medida en que los Congreso de los Estados y los respectivos Poderes Judiciales se encuentran políticamente sometidos al Poder Ejecutivo de cada entidad federativa y por si fuera poco, los sistemas electorales de los estados lejos de funcionar bajo el control ciudadano, giran en torno a la órbita del poder del gobernador respectivo.
Lo anterior aunado al bajo nivel de nuestra clase política, plantea un futuro incierto para nuestras comunidades regionales, que exige de los ciudadanos una mayor atención de los asuntos públicos y por ende demanda una mayor responsabilidad de todos los agentes sociales no gubernamentales a saber: medios de comunicación, organizaciones empresariales, instituciones educativas, iglesias de los distintos credos religiosos, organismos intermedios, asociaciones profesionales, etcétera.
En efecto, en los últimos nueve años la falta de acuerdos entre los distintos partidos políticos ha impedido las reformas constitucionales y legales que requiere nuestro país para actualizar la estructura de Gobierno a la medida de las necesidades del siglo veintiuno, por lo que los equilibrios institucionales se han perdido abriendo huecos que urge llenar con la participación ciudadana.
Correo electrónico:
Lfsalazarw@prodigy.net.mx
