"El verdadero amo, a quien le es
Permitido todo, cañonea a Tolón,
Mata en París, olvida un ejército en Egipto, pierde medio millón de hombres en la batalla en Moscú
Crimen y Castigo
NUEVA YORK.- Quienes estudian criminología advierten que por la mente del delincuente casi nunca pasa la idea de que será atrapado por sus fechorías. El criminal se siente todopoderoso, intocable y al margen de cualquier castigo. En raras ocasiones, como el Raskolnikov de Dostoievski, quien comete un crimen se atormenta en la culpa y termina confesándolo en la búsqueda de la expiación.
Como una bola de nieve que baja por la montaña, el caso en contra de los crímenes cometidos por el Gobierno de George W. Bush empieza a crecer y a ganar intensidad. Recientemente la revista The New Yorker publicó un artículo en el que reseña el libro "Equipo de tortura," del abogado británico Philippe Sands. En ese libro, el autor predijo que "en el futuro cercano, seis funcionarios de alto rango de la Administración Bush serán arrestados por haber cometido tortura, violando el derecho internacional."
El pasado 17 de marzo, un grupo de abogados españoles de la Asociación por la Dignidad de los Presos y las Presas presentó una querella en una Corte española en contra de seis funcionarios de alto nivel del Gobierno de Bush. Los seis funcionarios en cuestión son Alberto González, John Yoo, Douglas Feith, William Haynes II, Jay Bybee y David Addington.
El juez español Baltasar Garzón, famoso por haber tratado de enjuiciar a Pinochet, Kissinger, Berlusconi y a Cavallo, decidió tomar el caso en contra de los funcionarios de Bush, bajo el argumento de la jurisdicción universal -un principio del derecho internacional según el cual se da prioridad al concepto de justicia sobre el de territorialidad y por ello cualquier persona, sin importar su nacionalidad, país de residencia o lugar donde cometió el crimen, puede ser juzgada por los tribunales de cualquier país si cometió un crimen contra la humanidad, como el genocidio.
Si bien sólo una decena de países contempla leyes nacionales con el principio de jurisdicción universal, la entrada en vigor de la Corte Penal Internacional (CPI), en 2002, le dio un empuje a este principio de derecho internacional. Sin embargo, la CPI sólo juzga crímenes cometidos a partir de 2002 y si bien Bill Clinton firmó el Estatuto de Roma, que creó la CPI, el Gobierno de Bush nunca lo ratificó, con lo que la Corte no tiene reconocimiento por parte de Estados Unidos.
Sin embargo, la reciente decisión del presidente Obama de dar a conocer una serie de documentos redactados por funcionarios del Departamento de Justicia y por la Oficina Legal de la Casa Blanca en torno a técnicas de interrogación a sujetos detenidos por cargos de terrorismo fundamenta aún más la posibilidad de enjuiciar a esos seis funcionarios que persiguen los españoles. De igual forma esos documentos y un informe del Senado apuntan también al mismo ex secretario de Defensa Donald Rumsfeld, a la ex secretaria de Estado Condoleezza Rice y al ex vicepresidente Dick Cheney.
Al mismo tiempo empieza a crecer la presión por parte de los medios de comunicación estadounidenses, por parte de algunos senadores y por parte de varios organismos como la American Civil Liberties Union para que la Administración de Obama juzgue a quienes hayan aprobado o conocido la existencia de esos interrogatorios con técnicas de tortura. Obama ya había dado un paso inicial al ordenar el cierre de Guantánamo, ahora tiene de frente la decisión de cambiar su idea sobre "admitir errores, pero mirar al futuro" por una nueva visión que permita mirar al pasado y hacer justicia.
Enjuiciar a esos nueve funcionarios estadounidenses no le regresaría la vida a los civiles muertos en Irak, pero sí permitiría mandar un poderoso mensaje al ex presidente Bush, quien aún espera cómodamente en su rancho que la historia juzgue su "legado" en el futuro y le erija las estatuas de bronce, pese a todo
Politólogo e Internacionalista
