Problema. El campo comienza a tambalearse debido a los daños que genera la sequía. Se esperaba que el presente año fuera igual de lluvioso que 2008, sin embargo, el cambio climático ha echado por la borda los pronósticos.
Entre la crisis financiera y una intensa sequía que ya tiene repercusiones en el campo, el secretario general de Gobierno, Oliverio Reza Cuéllar, prevé que la Administración Estatal tendrá que "apretarse todavía más el cinturón".
El responsable de la política interna de la entidad diserta que la falta de lluvias en el territorio ha generado un daño importante en la agricultura y ganadería local.
"Afortunadamente, la lluvia comienza a llegar a Durango, a generalizarse. Fue una sequía muy prolongada que dañó muchísimo los cultivos. Siento que en los últimos 30 años ha sido el más irregular en las lluvias y el daño a la agricultura ya está hecho. Es un año malo para Durango y ya estamos trabajando en coordinación con la SAGDR para apoyos para el campo", comparte.
El presidente del Consejo Estatal de Protección Civil en el estado especifica que se tiene la esperanza de que con las precipitaciones pluviales que comienzan a registrarse se recupere algo de la superficie afectada, por mínima que sea.
"Si bien es cierto que los pastos ya no alcanzan a recuperarse como debería ser, de todas formas mejora y hay agua para el ganado", señala.
Gracias a la temporada de lluvias del año pasado que permitieron que las presas alcanzaran su máxima capacidad de llenado, hasta el momento se ha podido soportar la sequía, según las palabras del entrevistado.
"La Administración Estatal atraviesa por la crisis financiera más fuerte en muchos años. Han bajado las participaciones federales, los ingresos, hasta las remesas. En consecuencia las condiciones de administración son difíciles", dice Reza Cuéllar respecto al tema económico.
Reflexiona que desde 2008 hay serios contratiempos en materia de recursos gubernamentales y asevera que el mejor ejemplo de austeridad lo ha puesto la Administración Estatal al disminuir los salarios de los funcionarios de primer nivel 10 por ciento.
