Desorden. Decenas de personas se manifestaron ayer en el Palacio de Gobierno. Para amenizar el rato traían consigo unos tambores de los que se usan en las peregrinaciones.
Decenas de manifestantes, provenientes de Gómez Palacio y de la ciudad capital, arribaron el lunes por la mañana al Palacio de Gobierno; hicieron un verdadero día de campo haciéndose acompañar con varios tambores cuyo sonido hacían retumbar todas las oficinas del inmueble histórico.
En su mayoría eran mujeres acompañadas de sus pequeños hijos, quienes participaron en la movilización que duró varias horas, hasta que fueron atendidos por las autoridades estatales. Mientras esperaban aprovecharon para descansar en los pasillos del edificio y comer naranjas, antojitos o frituras.
Las personas inconformes se colocaron en la entrada de la oficina del Gobernador del Estado y con la ayuda de un altavoz le gritaban que saliera.
¿QUÉ PEDÍAN?
Las peticiones de los manifestantes eran diversas.
Todos bajo el liderazgo de la Organización Fraternidad Socialista.
Patricia Jacobo Rivera y Tomasa Salazar Hernández, maestras pertenecientes a la Sección 35 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en la Comarca Lagunera, eran parte del grupo. "Tenemos un año gestionando el recurso de jubilados y pago de horas que no nos han dado. Por eso nos atrevimos a venir hasta acá", explicaron.
"Hay muchos maestros que estamos por jubilarnos, queda un mes y medio para que venza la ley actual y luego viene otra. Nos traen vuelta y vuelta. Violentan nuestros derechos", agregaron.
Habitantes de la colonia Ampliación Otilio Montoya, de Gómez Palacio, demandaban la venta de los terrenos donde construyeron sus hogares. "Ese lote tiene más de diez años solo y hasta ahorita se les antojó hacer un colegio", recriminó Saraí Favela García, una de las afectadas.
"Venimos del predio San José III (Durango capital) para exigir que se nos haga válido el contrato de arrendamiento que tiene el profesor José Ángel Múñoz, que es el que nos está avalando para que estemos allí. Tenemos 11 órdenes de aprehensión que no se han resuelto y se nos está amenazando. Ya tenemos un año así, los compañeros tienen que ir a firmar y no se agiliza el proceso", pormenorizó Rafael Arroyo, integrante de la Mesa Directiva.
En el predio San José III viven cerca de 250 familias. Se les acusa de invadir viviendas por eso, hay otras 118 órdenes de aprehensión pendientes.
