En la tarde del sábado 31 de octubre fueron descubiertos en la Ciudad de México los cadáveres de cuatro personas, atadas de pies y manos, y la cabeza vendada, torturadas antes de morir. De su deceso había informado horas antes, al tomar posesión de la alcaldía de San Pedro Garza García, Mauricio Fernández, un polémico político panista que hace veinte años ganó por primera vez el Gobierno de ese municipio, el que cuenta con más ricos por kilómetro cuadrado en toda la República.
En su campaña electoral Fernández hizo énfasis en que restablecería la seguridad en esa ciudad, vecina a la de Monterrey, en realidad prolongación una de la otra. En un episodio polémico llegó a sugerir que pactaría -si no lo había hecho ya- con la banda de los Beltrán Leyva para garantizar la tranquilidad de sus gobernados en caso de ser elegido. Después de que lo fue, Fernández delineó su política al respecto, algunas de cuyas líneas anticipó el seis de octubre. Anunció entonces que formaría grupos de Inteligencia policiaca que le darían informes a él, directamente, así como "grupos de trabajo rudo que yo les llamo", encargados de operaciones "de limpieza", es decir, "de convencer, como sea necesario" a los criminales, de que "aquí no tienen cabida". El sábado reiteró esas líneas de acción: "les anuncio que me voy a tomar atribuciones que no tengo, porque vamos a tomar el toro por los cuernos... La van a entender por las buenas o por las malas... No aceptamos ningún tipo de secuestros... y lo pagarán con su propia cara" (Reforma, 2 de noviembre).
Fernández consideró una coincidencia con sus palabras la eliminación de las cuatro personas trasladadas al Distrito Federal en un vehículo con placas de Nuevo León -donde probablemente se produjo su tortura y muerte-, e identificó a una de las víctimas como jefe de un grupo de secuestradores y extorsionadores, Héctor Saldaña Perales, apodado El Negro (cuyo cadáver yacía junto al de sus hermanos Alan y Carlos, y el de César Rodríguez).
El cuádruple homicidio tenía una justificación, según sus perpetradores, que la expresaron con sendos letreros sobre cada una de las víctimas, caracterizadas como "secuestrador" y un mensaje que los abarcaba a todos: "Por secuestradores. Jefe de jefes. Job 38.15. Güero". Arturo Beltrán Leyva suele ser llamado Jefe de jefes. Por lo menos, crímenes recientes que se le han atribuido son firmados de ese modo por él. Y la cita bíblica podría indicar una ruptura con El Negro Saldaña, que habría quedado al frente de la banda en San Pedro tras la sucesiva detención de otros que lo superaban en jerarquía: "Se quita entonces su luz a los malvados y queda roto el brazo que se alzaba".
Luego de ser proclamado candidato a la presidencia municipal, Fernández reveló su posible contacto y aun un acuerdo con los Beltrán Leyva. El propio candidato panista informó entonces que el jefe de ese clan había vivido en su municipio hasta recientemente y aunque él se había mudado, miembros de su familia continuaban allí "y le dan mucha importancia a vivir en paz". En una entrevista con Daniel Blancas, de La Crónica, realizada en mayo pasado, Fernández aceptó que había entrado en contacto con el narcotráfico, con vistas a su posible desempeño como alcalde: "Sí, ¿para qué negarlo? No tengo que esconder nada. Me ofrecieron ayuda y colaboración para resolver el tema de la seguridad, que ellos lo resolverían en caso" de que él fuera elegido.
Con base en ese admitido encuentro, Fernández se ufanó ante votantes, poco después, ya en campaña, de tener resuelto el problema de la seguridad. Sugirió que haría explícita una realidad: "el orden público lo han cuidado mucho ellos, no creas que nuestros policías". Con la advertencia de que haría "espantosas confesiones", en una reunión con amigos esbozó de nuevo su encuentro con narcotraficantes y el pacto que habría hecho con ellos: nada de ostentar el negocio, sino practicarlo discretamente; así su actividad no sería estorbada, y a cambio garantizarían la seguridad municipal. Quizá en ese marco se produjo, en la víspera de su asunción al Gobierno municipal, la primera demostración de que la limpieza será efectiva.
(Reporte índigo, la revista electrónica que dirige desde Monterrey Ramón Alberto Garza, y el noticiario de Carmen Aristegui difundieron a mediados de junio, tres semanas antes de las elecciones, algunas de las "espantosas confesiones" del candidato panista, que montó en cólera por ese hecho y llegó al extremo de denunciar penalmente a Garza, por difamación, no obstante que la grabación de sus palabras no habría duda alguna de su relación con el narcotráfico y específicamente con los Beltrán Leyva).
Es evidente que, además de su propósito de "higiene social", el asesinato de El Negro Saldaña y sus acompañantes tuvo un objetivo mediático muy claro. Por eso sus cadáveres aparecieron en el Distrito Federal, para que causaran un efecto público mayor que si se les localizara en San Pedro y aun en Monterrey. Publicitar con gran estruendo estos homicidios daría aliento a una corriente autoritaria en la sociedad que se impacienta con justeza ante la incapacidad gubernamental para devolver la tranquilidad a los sectores que la hayan tenido y la perdieron. Mediante escuadrones de la muerte, parecería que la sociedad se hace justicia a sí misma, al margen del Estado. Es clara la barbarie que eso implica, porque los asesinos organizados hoy matan a presuntos delincuentes, pero mañana pueden actuar contra usted.
