Colocada en el terreno de la polémica la justeza de la huelga en Minera de Cananea, cuyas banderas se colocaron hace más de dos años, la propuesta del gobierno para reformar la Ley Federal del Trabajo le coloca una carrera de obstáculos a la posibilidad de emplazamientos.
De entrada, se crea un nuevo Artículo, el 899 B, en cuyas líneas y entrelíneas se alarga la posibilidad de reincidencia. Por ejemplo, una vez resuelta la titularidad de un contrato colectivo en disputa por dos sindicatos, el reconocido no podrá emplazar hasta transcurrido un año.
Más allá, deberá pasar un plazo similar para que un sindicato pueda emplazar una vez desistido de un procedimiento previo.
A arrepentirse, pues, a su casa.
Ahora que para cubrir el trámite por revisión de un contrato colectivo, se reclama un papeleo patético, que oscila desde copias de reconocimiento oficial a la directiva del sindicato, hasta los estatutos de éste, según ello para verificar que la empresa emplazada está en su ramo, para llegar al padrón de trabajadores afiliados.
Más aún, se requiere constancia escrita de que apoyan el jaque al menos dos tercios de los trabajadores.
De acuerdo a una modificación propuesta al artículo 459, de estallar la huelga, ésta será declarada legalmente inexistente si se comprueba el incumplimiento de algún requisito para el emplazamiento.
Ahora que, en caso de afectar el paro bienes o derechos de terceros, la Junta de Conciliación y Arbitraje tomará las medidas pertinentes para restituirles la posesión, lo que podría abrir escenarios de simulación, por ejemplo, el que se diga que las máquinas no son de la empresa.
Desde otro ángulo, la propuesta abre la posibilidad de un abanico gigante para periodos de prueba de los trabajadores, sin derecho, naturalmente, a crear antigüedad. Así, cuando exista un contrato por tiempo indeterminado y se hubiera laborado menos de 180 días, se podrá abrir un lapso para verificar las habilidades del trabajador.
El periodo podría extenderse hasta 180 días cuando se trate de ejecutivos, y hasta 90 para trabajadores comunes.
De no pasar la aduana, se cancelará el contrato sin responsabilidad alguna para el patrón.
Adicionalmente, se plantea un nuevo artículo (39 F), por el que se abre la puerta a los horarios discontinuos, pagándose a los trabajadores en proporción de las horas ocupadas.
En otro contexto, de aprobar el Congreso la alternativa se eliminará la llamada cláusula de exclusión, es decir el que el sindicato pueda expulsar de sus filas a un trabajador, lo que en automático implicaría su despido.
El patrón, pues, podría mantener sus servicios.
Adicionalmente, se plantea tipificar como delito la contratación de menores de 14 años "que laboren fuera del círculo familiar". La penalidad sería de uno a cuatro años de prisión, además de una multa equivalente a entre 250 y cinco mil veces el salario mínimo general.
Ahora que en el caso de contingencia sanitaria se prohibe la utilización del trabajo de menores de 16 años, lo que implica agregar un párrafo al artículo 176.
En paralelo, se verificará que el contratante le haya pagado al menos un salario equivalente a un obrero común desempeñando las mismas funciones.
En una ruta similar, se prohibe a los patrones someter a las aspirantes a una plaza a pruebas de ingravidez; cerrarle el paso a las casadas, o rechazar a las madres solteras
Tampoco se podrá despedir a una trabajadora por el solo hecho de estar embarazada.
En este caso la multa sería de 50 a dos mil quinientos veces el salario mínimo.
Del otro lado de la moneda, empero, se plantea modificar el artículo 429 para señalar que en caso de emergencia sanitaria el patrón sólo estará obligado a pagar a sus trabajadores una indemnización equivalente al salario mínimo por cada día que dure la suspensión de actividades
Más allá, se pretende cambiar el artículo 991 para señalar atenuantes en relación a las sanciones a patrones por violaciones a las normas de trabajo, entre ellas si existe intencionalidad en la acción u omisión; la gravedad de la infracción, o la capacidad económica del infractor, lo que necesariamente abre la puerta a la discrecionalidad.
Ahora que existe un transitorio del artículo 132 que le otorga a los patrones una tregua ¡de 36 meses! para realizar las adecuaciones a los centros de trabajo, en afán de evitar ser acusados.
De acuerdo a la propuesta de modificación al artículo 133, los patrones tendrán prohibido realizar actos de hostigamiento sexual contra cualquier persona en el lugar del trabajo, expresado éste en conductas verbales, físicas o ambas, "relacionadas con la sexualidad de connotación lasciva".
En un adendum planteado para el artículo 130, además, se prohibe también a los trabajadores acosar sexualmente a cualquier persona o realizar actos "inusuales" en los lugares de trabajo.
La propuesta llegará oficialmente a la Cámara de Senadores, aprovechando que el PAN mantiene primera minoría.
Ese puño no se ve.
Esta semana, finalmente, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes emitirá una resolución sobre la legalidad del servicio HiTV que ofrece Televisión Azteca para permitir la transmisión de señales abiertas o restringidas en televisión.
Como recordará usted, la posibilidad se logra vía la compra de un decodificador que se vende en la cadena de tiendas Elektra.
Asumida por oficio la indagación por supuestas infracciones a la Ley Federal de Radio y Televisión, la empresa alegó que se trataba de un ejercicio en el tránsito de los canales analógicos a los digitales.
GOL CONTRA HACIENDA
Colocada en la mesa una pretensión original de elevar el Impuesto Especial sobre Productos y Servicios al tabaco del 100 al 190 por ciento, por más que un borrador hablaba de 235, finalmente la Secretaría de Hacienda cedió a la presión de las empresas tabacaleras, disfrazando el monto con una cuota fija que se incrementará gradualmente.
El 90 por ciento adicional se diluirá en tres años.
ANZUELO A CHINA
De empatar la realidad con las expectativas, la representación de México en la Internacional Fair Poud Investment & Trade de China, regresará con promesas de negocios en la maleta por un total de tres mil millones de dólares.
El intento habla de interesar a los inversionistas del país oriental en 21 proyectos de infraestructura, turismo y minería, en la mayoría de los cuales está metido Banobras.
Estamos hablando, por ejemplo, de un ramillete de correteras del Pacífico Norte que unirá Mazatlán con Culiacán; de un paquete Pacífico-Sur, que integraría a Tepic con Guadalajara, además del aeropuerto de la Riviera Maya.
