Ante las cada vez mayores evidencias que indican los procesos de deterioro ambiental en la Comarca Lagunera, la preocupación que surge entre los ciudadanos que vivimos en ella y en la cual hemos construido una historia de vida generacional, se centra en tener la certeza de que nuestra región tiene un presente aceptable y un futuro viable en el cual los laguneros compartamos esta parte del territorio nacional, tanto las generaciones actuales como las que vienen detrás.
Ciertamente, no todos los ciudadanos laguneros accedemos a las fuentes de información que ofrecen esas evidencias, ni todos reaccionamos por igual cuando las conocemos; quizás esto sucede porque nuestras actividades cotidianas nos limitan el tiempo para buscarlas o reflexionar sobre la información que las soportan cuando ya accedimos a ellas, quizá porque en estos momentos nuestras prioridades de vida son otras o, simplemente, como expresó una comunicadora de una estación de radio local, la actitud que asumimos hacia los problemas de nuestro entorno refleja un desinterés que, agregaríamos nosotros, resulta de nuestro bajo perfil ciudadano o, dicho en otras palabras, de nuestro débil espíritu ciudadano.
Sin embargo, también debemos aceptar que no sólo los problemas relacionados con el deterioro de agua, aire, suelo o biodiversidad se acentúan producto de la presión humana que ejercemos sobre estos recursos naturales, sino que también cada vez más ciudadanos de esta región, de la ciudad o el campo, nos preocupamos por saber las causas que los provocan, la forma en que nos afectan y, en particular, por participar en la búsqueda de soluciones, entendiendo que éstas no son únicamente responsabilidad de las oficinas de Gobierno donde observamos que las medidas que se están aplicando para acotarlos, remediarlos o en sí resolverlos, son insuficientes. Evidencia de lo anterior es el involucramiento que en estos procesos están teniendo más personas, grupos civiles e instituciones que vienen creando un espacio público para tratar estos asuntos que antes sólo eran competencia de las entidades oficiales, destacando entre ellos la coalición que se agrupa en torno a Encuentro Ciudadano Lagunero.
El reclamo del espacio público por los ciudadanos comunes, es, de alguna manera, una expresión ciudadana que indica las limitaciones que denotan los partidos políticos y los gobiernos actuales, en la medida que ignoran o no consideran estas preocupaciones ciudadanas en sus agendas políticas, como se observó en los recientes programas de campaña; esto no significa que el deterioro de la calidad de agua de nuestro acuífero granular principal, problema socioambiental más importante que enfrentamos en la región y que sólo expresa la punta de un iceberg, sea el primero en sus programas electorales de campaña, o de gobierno cuando ganan los procesos electorales, sino que, salvo algunas excepciones, no lo incluyeron.
Tampoco significa que todas las oficinas del sector ambiental del Gobierno los resuelvan, pero sí que todos los niveles de éste cuando menos expresen su preocupación por ello, sobre todo porque refiere a un recurso natural clave para el desarrollo regional y del cual dependemos toda la población, es decir, sabemos que la responsabilidad de atenderlo es de la Semarnat o la CNA, pero si a casi todos nos afecta, entonces quienes recurren a ésos casi todos para que votemos por ellos, deben contemplarlo. El político debe tener no sólo la información sobre dichos problemas, sino también la visión sobre sus implicaciones entre sus gobernados y la iniciativa para buscarle soluciones, independientemente de que sus votantes los conozcan o les sea posible dimensionarlos; en todo caso, cuando menos es su obligación compartir esa información entre los ciudadanos que dice representar.
Solicitar o pretender que ése y otros problemas de este tipo se incluya en la agenda de desarrollo regional no es tampoco un capricho, ya que los ciudadanos buscamos o accedemos al espacio público con la finalidad de que se les considere por la ausencia observada en la agenda gubernamental, o por la visión parcial que se tiene de ellos; no es tampoco la búsqueda inercial de la confrontación, "contreras por sistema", dirían algunos desde el sillón de una oficina de Gobierno. Ocupar el espacio público es para los ciudadanos un recurso de ejercicio de la ciudadanía, es una forma de participación que quizá ejerza una presión entre los tomadores de decisiones, no precisamente para confrontarlos sino para atraer su atención hacia asuntos de carácter público, los cuales si no se atienden podrán, ahora sí, ser motivo de conflictos.
Cuando los ciudadanos ocupamos el espacio público es para buscar el diálogo con los tomadores de decisiones, es para poner en la mesa de la discusión asuntos de interés público, por ello solicitamos a los gobernantes encargados de regular el uso esos recursos, o de normar, aplicar y sancionar cualquier asunto público (no se restringe a los recursos naturales que para el caso tratamos aquí), ese dialogo en el cual se viertan las opiniones que pueden ser diferentes a las de quienes diseñan y aplican políticas públicas, para que las decisiones que se tomen gocen del consenso que otorga la legitimidad ciudadana, tan necesaria en un país como México donde el esfuerzo por ser electos democráticamente ha sido importante, no así el de también gobernar de esa manera.
Pero también ocupar el espacio público es un llamado de atención para quienes, ya no desde las oficinas gubernamentales, sino desde las oficinas o despachos de empresas o corporaciones privadas, e incluso desde las comunidades rurales o ranchos privados que poseen terrenos en los que se dispone de recursos naturales, en tanto tomadores de decisiones, concurran al diálogo ciudadano en la medida que éstas involucran el uso de un recurso considerado como un bien común, es decir el agua, pero también puede ser el aire, el suelo o la biodiversidad. De esa manera, crear y ocupar el espacio público es un ejercicio de ciudadanía que en primer término debe contemplar el diálogo entre los ciudadanos comunes y los tomadores de decisiones sobre asuntos de interés público, sean éstos oficiales de Gobierno o dueños y/o managers de empresas privadas.
