Advertida en este espacio hace tres años la proliferación de pagos en especie a empresas en apuros a título de certificados para compra de activos, cuya redención se volvía calvario, hete aquí que la aparente moda coyuntural derivó en espeso pantano.
Lo que entonces afectaba sólo a pequeñas y medianas constructoras infectó a empresas de todos colores y sabores, en un escenario en que el canje de los papeles, cuando se aceptan, deriva en un castigo para sus tenedores que oscila entre 20% y 30% de su hipotético valor.
El gancho es la exhibición de una larga lista de firmas en opción de redimir los papeles denominados APC, por sus siglas en inglés: Asset Purchase Credits, entre las que destacan Pinturas Comex, Grupo Herdez, Jugos Del Valle, Cemento Cruz Azul, Ford Motor Company
De lo perdido, pues, lo que aparezca, con la novedad de que en la inmensa mayoría de los casos los papeles, cuyo "valor" es de un dólar se reciben sólo como parte del pago. El resto, pues, hay que cubrirlo en efectivo. Dinero bueno al malo, bajo el clásico "lo tomas o lo dejas".
La firma que respalda los APC tiene como razón social Argent Trading Internacional LCC, presentando como domicilio la ciudad de Nueva York, aún cuando cuenta con representación en el país.
La sede se ubica en Séneca 61, colonia Polanco.
La empresa fundada en 1958 presume ramificaciones en Argentina, Bélgica, Brasil, China, Francia, Alemania, Grecia, Italia, República Dominicana, India, España, Reino Unido de la Gran Bretaña y, naturalmente, México.
Los "'panchólares'" tienen una vigencia de tres años, pasados los cuales ninguna de las empresas eslabonadas los recibe.
La cadenita, pese al escándalo provocado por la quiebra de una distribuidora de Ford en el país, al estallarle el globito en la cara, y una demanda contra la emisora ganada por la empresa Canon Mills en Estados Unidos, parecía sólida hasta que una firma con sede en Guadalajara rompió un eslabón.
Estamos hablando de la empresa fabricante de textiles Interlink, que producía, entre otras mercancías, medias y calcetines Cibolain y Periquita, quien debió cerrar sus puertas entre 2004 y 2005 ante la imposibilidad de competir con el contrabando procedente de China, la proliferación de la economía informal, el cierre parcial de sus mercados de exportación y una sobreoferta mundial.
La firma con mil 200 trabajadores y 4 mil clientes en su mejor momento, se liquidaría sin pasivos ni deudas laborales.
El problema, ahora, era vender la maquinaria y equipos en un escenario en que hacerlo en el país implicaba presionar a la baja el costo de su mercancía en inventarios.
La mayoría de los aparatos, así, se fueron a Egipto, quedando un último lote capaz de armar una planta completa, cuando apareció en escena Argent Trading internacional LCC, con una oferta que parecía imposible de soslayar: colocar la mercancía en el extranjero, justo en países asiáticos, comprando a un precio que parecía justo.
El problema, naturalmente, es que el pago se hacía vía los famosos APC, cuyo valor sólo lo reivindicaba la posibilidad de canje en especie.
Aún así, la firma aceptó pactar cinco contratos, recibiendo diversos "certificados" que en el papel avalaban el valor total.
El problema llegó cuando se intentó la redención. Cuando no se topó la empresa con descuentos sobre el supuesto costo avalado, resultó que el canje sólo era factible por el monto de una parte de las mercancías, o de plano las firmas no lo aceptaban.
La paciencia estalló cuando se intentó comprar un departamento de lujo en Miami.
El caso es que en 2006 los propietarios de la empresa decidieron demandar a Argent tanto en Nueva York como en México, expidiendo un juez de Jalisco sendas órdenes de aprehensión contra seis de los funcionarios de la firma, quienes se ampararon de inmediato.
Estamos hablando, entre otros, del español José Juan Canino Díaz, a quien se ubica como el número uno de la organización; del también español Alberto Corral López Dóriga, a quien se señala como número dos; del estadounidense Gregg Young, radicado en Nueva York, quien firma los contratos en su calidad de abogado, y otro español, Jorge Antonio Costa Felguerez de Santiago, hasta hace unos meses el Country Manager de México.
Este último está preso en el penal de Puente Grande, en Jalisco.
Aunque en los requerimientos judiciales los implicados se negaron a declarar verbalmente, los alegatos hablan de que los papeles eran totalmente legales, vamos el problema es que la acusadora no los supo aprovechar.
El escándalo está tocando la puerta a patadas.
En su alegato jurídico de cara al proceso que enfrenta ante la Comisión Federal de Competencia (CFC), quien giró un oficio de probable responsabilidad en su contra por prácticas monopólicas relativas, Cementos Mexicanos (Cemex) señala que el amparo que obtuvo contra la posibilidad de que atracara en el puerto de Tampico el barco-silo griego "Mary Nour" con una carga de 27 mil toneladas de cemento ruso en la panza, no es violatorio de la Ley Federal de Competencia.
De hecho, señala que inexplicablemente las empresas denunciantes, es decir, Ikron Holdings, Comercio para el Desarrollo Mexicano y Maquinaria, Carros y Camiones, no solicitaron el levantamiento de la suspensión provisional otorgada, lo que implicaba sólo colocar en la mesa una contragarantía de 50 mil pesos.
Cuando recularon, es decir, un mes después, ya la suspensión tenía carácter de definitiva.
Ahora que Cemex promovió el amparo al no existir los estudios técnicos que el capitán del puerto había reclamado para analizar la factibilidad del proyecto, dado que el atraque del "Mary Nour" sería permanente, es decir, actuaría como bodega, siendo alimentado por otro buque que lo abasteciera periódicamente.
El litigio está por desahogarse.
LARREA NO VA
Finalmente el presidente del Grupo Minera México, Germán Larrea Mota Velasco, logró anular el citatorio que le había girado un juez del Reclusorio Oriente para testificar sobre la demanda planteada contra el líder del sindicato minero, Napoleón Gómez Urrutia, por supuesto fraude en contra de los trabajadores de Mexicana de Cobre y Minera de Cananea.
La razón esgrimida por sus abogados es que el empresario no es parte de la litis, dado que la demanda la plantearon los propios afectados.
Como usted sabe, los 55 millones de dólares de la discordia la empresa los colocó en un fideicomiso del Banco Inverlat, cumpliendo con uno de los compromisos pactados a la privatización de las firmas, de entregar 5% del capital a los trabajadores que aceptaran el desmantelamiento de su contrato colectivo.
