A juicio. El presidente Barack Obama dejó la puerta abierta al enjuiciamiento de los funcionarios del Gobierno de Bush. ARCHIVO
VIENA, AUSTRIA.- Estados Unidos está obligado por una convención de las Naciones Unidas a llevar a juicio a los abogados del Gobierno de George W. Bush que enunciaron las políticas sobre tortura y supuestamente aprobaron el uso de esas tácticas truculentas, dijo el informante de la ONU sobre tortura, Manfred Nowak.
Esta semana, el presidente estadounidense Barack Obama dejó la puerta abierta al enjuiciamiento de los funcionarios del Gobierno de Bush que sentaron las bases legales para que los sospechosos de terrorismo fueran interrogados con métodos que otros equiparan a tortura. Anteriormente había exonerado a funcionarios de la CIA de la posibilidad de juicio.
Nowak dijo que Estados Unidos está obligado, según la Convención de la ONU Sobre la Tortura, a juzgar a los funcionarios del Departamento de Justicia que escribieron memos definiendo la tortura del modo más estrecho a fin de justificarla y legitimarla, y que aseguraron a la CIA que era legal el uso de tácticas cuestionables.
"Eso es lo que califico de complicidad o participación" en la tortura según la define la convención, dijo Nowak en una conferencia de prensa. "En ese entonces, toda persona razonable sabría que el ahogo simulado, por ejemplo, es tortura".
Nowak, profesor de derecho, dijo que corresponde a la justicia estadounidense demostrar que los memos fueron escritos con la intención de incitar a la tortura.
Agregó que toda investigación de tácticas cuestionables de interrogatorio de la CIA debía ser independiente y con amplios poderes investigativos.
Publicarán fotos de tortura
El Departamento de Defensa publicará un número "sustancial" de fotografías que muestran los abusos a presos detenidos en cárceles de EU en Irak y Afganistán durante el Gobierno del ex presidente George W. Bush, informó ACLU.
De acuerdo con la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), el Gobierno del presidente Barack Obama accedió, en una carta enviada por el Departamento de Justicia a un juez federal de Nueva York, a divulgar las fotografías el próximo 28 de mayo.
La decisión del Gobierno de desclasificar esas imágenes dentro de un mes responde a una querella interpuesta por ACLU en 2004 con base en la Ley de Libertad de Información de EU.
