La Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió una recomendación a la Secretaría de Gobernación, al gobernador de Oaxaca y al edil de Oaxaca de Juárez por la desaparición de los eperristas Edmundo Reyes Amaya o Andrés Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez o Raymundo Rivera Bravo, en mayo de 2007.
La desaparición fue denunciada por Organismos No Gubernamentales a la CNDH y cuya presentación es reclamada al Estado por el autodenominado Ejército Popular Revolucionario. La CNDH demandó la presentación con vida de los agraviados y considera que al haberse acreditado las violaciones a derechos humanos, el Estado -representado por el Gobierno Federal, el Gobierno de Oaxaca y la presidencia de Oaxaca de Juárez- tiene la obligación de restituirles el pleno goce de sus derechos fundamentales conculcados, así como a repararles, o en su caso a sus familiares, los daños y perjuicios mediante indemnización.
Este organismo concluyó que hay falta de apego a la verdad y las contradicciones en los informes de las autoridades, así como su falta de voluntad para colaborar con la CNDH en la investigación del caso se traducen en actos de entorpecimiento.
