La Cámara de Diputados exhortó a la PGR para que a través de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas, amplíe e intensifique las labores de investigación de delitos en perjuicio de comunicadores.
En tribuna, la diputada de Convergencia, Rosaura Ochoa Mejía, indicó que en un informe presentado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) hasta mayo pasado había un registro de 50 homicidios de periodistas ocurridos del año 2000 a esa fecha.
Dicho informe aduce de otros siete comunicadores desaparecidos y la existencia de 718 expedientes relacionados con violaciones a los derechos humanos de periodistas y comunicadores, por eso solicitó que la PGR emprenda las acciones necesarias para su protección.
En la sesión en San Lázaro la legisladora destacó que no obstante los exhortos y llamados por parte de instituciones y organizaciones civiles para que el Estado y la Procuraduría General de la República (PGR) actúen en consecuencia, la situación sigue siendo la misma.
"Apenas el pasado 23 de septiembre, en presencia de sus compañeros, fue asesinado el periodista y director del medio digital Radio Visión, Norberto Miranda Madrid, en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua".
Asimismo "el lunes 2 de noviembre, el reportero Vladimir Antuna, dedicado a cubrir noticias policiacas para el periódico Tiempo de Durango, fue levantado y encontrado muerto unas horas después".
Ochoa Mejía concluyó que Vladimir Antuna fue objeto de un atentado anterior, por lo cual había presentado la denuncia correspondiente ante las autoridades, sin embargo de nada le sirvió, porque la impunidad y la violencia están a la orden del día.
Por su parte, el diputado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Juan Carlos Natale López, presentó dos puntos de acuerdo.
En el primero, turnado a la Junta de Coordinación Política, solicitó la conformación de la Comisión Especial para Atención y Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación.
Argumentó que en México persisten importantes rezagos en materia de seguridad y respeto a las garantías individuales de los ciudadanos, en especial a la libertad de imprenta, libertad de expresión y libre acceso a la información pública, por las que el Estado debe velar en todo momento.
Recordó que aún existen servidores públicos que atentan contra el trabajo informativo que realizan los representantes de la prensa.
"Hemos visto infinidad de asesinatos, secuestros, amenazas, destrucción de materiales de periodistas o de los medios de comunicación y la impunidad de los agresores que intentan generar miedo y coartar la libertad de expresión, por lo que estos actos deben ser investigados y sancionados", concluyó.
