Cesados. El 19 de mayo fueron cesados 302 policías por no aprobar el examen de confianza aplicado por la Secretaría de Seguridad Pública Federal.
Van a cobrar su dinero y autoridades les dicen que no sabían de la notificación.
Una comisión de los ex policías de Torreón cesados el 19 de mayo se reunió ayer con el secretario del Ayuntamiento, Gerardo Puentes, para exigir el pago de su indemnización.
El pasado lunes los ex agentes acudieron al edificio del Banco de México para cobrar, sin embargo, el titular de Servicios Administrativos, Ricardo Muñoz, les dijo que no tenía conocimiento de la notificación que la propia corporación policiaca le envió el 23 de julio con copia a 80 de los 160 agentes procesados.
El secretario del Ayuntamiento explicó a los ex agentes que el pago no se realizó porque en la reunión realizada el 14 de julio, donde se acordó el monto, no se hizo una minuta de los asistentes. Situación que interrumpió el procedimiento de pago.
Fernando Rangel de León, abogado de los agentes cesados, comentó que la cantidad que deberá erogar el Ayuntamiento por concepto de indemnizaciones asciende a los 8 millones debido a que hay oficiales que permanecieron en la corporación hasta 28 años laborando.
El 19 de mayo fueron cesados 302 policías por no aprobar el examen de confianza aplicado por la Secretaría de Seguridad Pública Federal.
Hoy se reunirán nuevamente una comisión de 80 agentes notificados para que cobren su indemnización. Una cantidad similar de agentes falta de notificar.
Ante la falta de pago alrededor de 80 oficiales se manifestaron anteayer por la tarde desde el edificio del Banco de México hasta la Presidencia Municipal como forma de presión.
Rangel de León comentó que en la reunión que tuvo ayer con el secretario del Ayuntamiento, se le hizo saber el vacío de poder y la informalidad que se tiene dentro de el proceso, debido a que tanto él como el director de Servicios Administrativos dijeron desconocer la notificación que por lo menos los 80 oficiales que acudieron el lunes a cobrar su cheque, tenían registrado que había sido entregada una copia a cada uno de ellos, así como a César Gallegos Salazar, firmada por el director de Seguridad Pública, Karlo Castillo Gracia.
