"El sobrevivir es el milagro de mi vida."
Eulalio Ferrer
Me imagino que Germán Martínez Cázares, el presidente del PAN, dirá que "me respeta mucho, pero
No tengo problema con la idea de que el Estado aplique penas económicas además de corporales a los responsables de cometer delitos. El que se confisque las propiedades producto del crimen me parece razonable, siempre y cuando se haya comprobado fehacientemente la responsabilidad del inculpado y un juez lo haya condenado después de un juicio justo. La experiencia que tenemos con los distintos órdenes de Gobierno en México, sin embargo, es que prefieren primero confiscar y después determinar la responsabilidad de un acusado. En manos de nuestros gobernantes -y no encuentro mucha diferencia entre ellos por sus partidos- las leyes de extinción de dominio parecen un arma más para cometer abusos en contra de los ciudadanos.
Lo curioso es que los gobiernos no han necesitado hasta ahora de las leyes especiales para apoderarse de los bienes de presuntos delincuentes, aun cuando no haya concluido los procesos en su contra.
Ahí está el caso de Zhenli Ye Gon, a quien se acusa de ser productor de anfetaminas. El Gobierno Federal decomisó desde marzo de 2007 los 205 millones de dólares en efectivo que encontró en su casa de Sierra Madre 515, en Las Lomas de la Ciudad de México, y de hecho ya los ha utilizado para diversos programas sociales. Pero Zhenli, quien se encuentra en Estados Unidos, todavía no es juzgado por los delitos que se le imputan.
En el Distrito Federal tenemos el caso de la discoteca News Divine. El jefe de Gobierno Marcelo Ebrard, en un aparente intento por desviar la atención de la verdadera responsabilidad de la tragedia del 20 de junio de 2008 -que fue la realización de un operativo policial que buscaba detener a jóvenes que cometían el imperdonable pecado de divertirse-, ordenó la expropiación del inmueble sin considerar que la instalación era alquilada. De esta manera castigó a una familia que no había cometido delito alguno y cuya falta era haber arrendado una parte de un predio de su propiedad a una empresa que manejaba un centro de diversión que contaba con todas las autorizaciones de ley para operar. La propia Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal ha emitido una recomendación al Gobierno capitalino por las fallas de esa expropiación, a la que el Gobierno de Ebrard no le ha hecho ningún caso.
Con estos antecedentes debemos ver con gran inquietud los esfuerzos de los gobiernos perredista y panista por darse ahora, con las leyes de extinción de dominio, instrumentos todavía más poderosos para abusar de los ciudadanos. Inquieta que en las dos legislaciones -la del Distrito Federal, que ya es ley, y la federal, apenas en dictamen- el despojo se realiza antes que el acusado sea declarado culpable por un juez, por lo que se mantiene ese inaceptable sistema mexicano de injusticia en que "primero los matamos y después 'viriguamos'".
Por otra parte, tanto en la ley del D.F., como en la iniciativa original presentada por el presidente Calderón al Senado, y que ha sido al parecer enmendada por el PRI, el acusado tiene el peso de la prueba, al contrario de lo que debería ser el principio en un país de leyes en que al acusador debe probar sus afirmaciones.
Inquieta también que sea el Estado el que se quede con los bienes objeto de extinción de dominio. Como bien lo saben las víctimas de Daniel Arizmendi, "El Mochaorejas", a quienes más de una década después de la captura del secuestrador no se les ha devuelto sus bienes, un crimen es dos veces crimen cuando el criminal primero despoja a la víctima, pero después el Gobierno se queda con sus bienes.
Para Germán Martínez Cázares el simple hecho de que se presenten objeciones a las iniciativas de "Nuestro Señor Presidente" es un reconocimiento de complicidad con los delincuentes: "O estás del lado del presidente o estás del lado del narco." Ésa es la simple disyuntiva que el presidente nacional del PAN planteó el pasado 19 de marzo en la Convención Bancaria.
Yo, la verdad, ni siquiera conozco -que yo sepa- a algún miembro del narco. Pero sí conozco a los políticos y a los policías mexicanos, y estoy convencido de que la ley de extinción de dominio es un arma demasiado poderosa para ponerla en sus manos.
"El sobrevivir es el milagro de mi vida", le dijo Eulalio Ferrer a Juan G. Bedoya de El País. En esa entrañable entrevista, publicada el 30 de diciembre de 2008, Ferrer recordaba cómo, vivo aún Franco, regresó a su natal Santander del exilio mexicano y desparramó claveles en la campa de un cementerio donde los asesinos de la guerra civil enterraban a sus víctimas. "¿Qué hace usted?", le preguntó un vigilante. "Echo claveles sobre mi tumba". "¡Pero usted está vivo!" "Sí, pero si no llego a irme estaría enterrado aquí." Ayer se reveló que la muerte se las arregló finalmente para alcanzar a don Eulalio, una de las grandes mentes de México y España, y uno de los últimos sobrevivientes de ese exilio español que tanto bueno dejó a nuestro país.
